El contrato con Next Energy fue realizado por el Comité Interinstitucional de Energía de Baja California, un ente que fue creado y firmado por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y el ex secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Con ese comité le atribuyeron las obligaciones y responsabilidades a 7 entonces funcionarios o servidores públicos estatales para gestionar la licitación y contratación, así como las cláusulas de modificación y compromisos de pago del Estado a la empresa que instalaría la planta fotovoltaica, plasmado en el documento oficial del cual LA VOZ DE LA FRONTERA cuenta con copia.
LOS INVOLUCRADOS
Rodolfo Castro Valdez fungió como presidente del comité interinstitucional de energía de Baja California; Luis Salomón Faz Apodaca como secretario técnico y como vocales Karen Postlethwaite, Marco Octavio Hilton Reyes y Miriam Lizbeth Álvarez Martínez.
Además, el ex gobernador emitió atribuciones a Héctor Irineo Mares Cossio como representante del Poder Ejecutivo del Gobierno de Baja California y a Luis Granados Pacheco como representante de la Comisión Estatal del Agua (CEA), para el cuarto convenio modificatorio CIE-001-2016.
Destaca que los mismos integrantes del comité interinstitucional firmaban bajo sus nombres de titulares estatales; Faz Apodaca siendo en ese momento Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua y Hilton Reyes, como Oficial Mayor.
También aparecen las firmas como testigos de Castro Valdez, Secretario de Hacienda; Postlethwaite Montijo, de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial y Álvarez Martínez, directora de la CEA.
El contrato estipula que el primer pago por suministro de energía comenzaría a cobrarse al Estado a partir del mes de febrero y la primera factura mensual a pagar sería el 17 de marzo del presente año, por 122 millones 170 mil pesos, incluyendo el IVA.
En el primer acuerdo modificatorio del fideicomiso, aparece la Banca Afirme como responsable, donde firman Nabor Medina Garza y David Alejandro Rodríguez Jacobo como delegados fiduciarios.
En el apartado del 17 de septiembre del 2020 del contrato, se precisa que el comité interinstitucional de energía de Baja California con sede en avenida Pioneros 1060, en Centro Cívico, firmó con Next Energy, que se comprometió a instalar la planta fotovoltaica y generar 2.546 Mwh (Mega Vatios por hora) por día.
Se detectan en el documento algunos sellos de empresas que participan en el contrato con Next Energy, los cuales son Eólica Santa Catarina SdeRL de CV, Estrategia Energía Eléctrica y Constructora Maiz Mier, SA de CV.
También se anexa una carta de intención firmada por Manuel Olmos Mares como presidente suplente del comisariado del ejido Emiliano Zapata (La Rosita) con el acompañamiento de Héctor Villegas Olivares como titular de la Notaría Pública 122 para el arrendamiento y posterior compra del terreno.
El 8 de octubre de 2020 se emitió el fallo a favor de la empresa Next Energy de México SA de CV, donde destaca que además de los funcionarios estatales, firmó como Observador Ciudadano de la licitación LPN-CIE-001-2020, Kurt Ignacio Honold Morales, actual Secretario de Economía del Gobierno del Estado.
Con fecha del 24 de julio del 2020, se incluye la publicación en el Periódico Oficial del Estado, donde el Congreso de Baja California aprobó el decreto 88 y autoriza al Poder Ejecutivo el celebrar un contrato plurianual para el suministro calificado de energía eléctrica derivada de una planta generadora de energía fotovoltaica.
Se autoriza también a las entidades paraestatales para realizar las gestiones administrativas y financieras necesarias para la celebración de un contrato plurianual de energía, siempre que el costo por kilowatt hora fuera menor al de la tarifa contratada por la CEA.
También aprobaron que el Poder Ejecutivo suscribiera una carta de crédito o garantías necesarias para responder en cumplimiento del contrato y en caso de una paraestatal, el mismo Ejecutivo será el garante o aval respecto al consumo de energía a través de los mecanismos idóneos que se acuerden con la empresa.
En el artículo tercero del decreto señala que el contrato no puede exceder los 30 años a partir de la firma del mismo.
El decreto 88 del Poder Legislativo fue firmado por el vicepresidente de la mesa directiva, Julio César Vázquez Castillo y la secretaria, Eva Gricelda Rodríguez.
El 14 de agosto se publicaron en el Periódico Oficial del Estado (POE) los lineamientos para el procedimiento de la licitación pública para la contratación plurianual de energía eléctrica derivada de una central eléctrica fotovoltaica y el 20 de agosto se publicó en el mismo periódico la convocatoria a licitación nacional para la central eléctrica fotovoltaica.
El 7 de diciembre fue publicado en el POE el decreto 178 donde el Congreso del estado aprobó que la CEA pueda asignar la partida presupuestal suficiente para el pago del contrato plurianual de energía eléctrica derivada de la planta generadora de energía solar fotovoltaica y se establezca anualmente en el presupuesto de egresos del estado durante los años que esté vigente el contrato.
Añaden que el presupuesto se fondeará de los ingresos propios del Poder Ejecutivo, participaciones federales e ingresos propios de la entidad paraestatal o cualquier otro para garantizar los pagos a la empresa contratada.
También aprobaron que las comisiones estatales del agua de Tijuana, Ensenada y Tecate, pudieran recibir la afectación como garantía o fuente alterna de pago del contrato plurianual de energía eléctrica por la planta fotovoltaica, comprometiendo la recaudación o cobro por el agua potable y los cobros de derechos.
El decreto también señala que se autorizó, previo análisis del destino y la capacidad de pago del Poder Ejecutivo y de las entidades paraestatales.
CONTEXTO
El actual secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexía, denunció formalmente ante la Fiscalía General del Estado el cobro de la empresa Next Energy por un contrato que no tenía licencias de construcción o instalación y además retuvo 123 millones de pesos de partidas federales por medio del grupo bancario Afirme.
Señaló que la planta fotovoltaica no se instalaría, lo cual fue secundado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el presidente Andrés Manuel López Obrador al sentenciar que no contaban con licencias, ni permisos, por lo cual piden retornar los recursos retenidos y cesar el contrato por considerar que genera una afectación al erario por 12 mil millones de pesos.