El ex gobernador Jaime Bonilla Valdez presentó una denuncia por las frases emitidas por políticos que lo comparaban con un “ex tóxico”, y la comisión de quejas del Instituto Estatal Electoral de Baja California generó el proyecto dictaminador como improcedente, que será votado el martes.
La denuncia del ex morenista y actual representante del Partido del Trabajo la presentó en contra del delegado federal, Alejandro Ruiz Uribe; la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda; el dirigente de Morena estatal, Ismael Burgueño Ruíz, y el mismo partido político.
El pasado 8 de mayo presentó la denuncia y el 15 del mismo mes, amplió la queja con ligas de medios de comunicación que difundieron los mensajes, argumentando que constituyen una calumnia, violencia política e institucional.
El denunciante solicitó la adopción de medidas cautelares consistentes en ordenar el retiro de todas las expresiones señaladas con el fin de evitar que la dignidad humana y su imagen sean vulneradas.
Además pidió a la autoridad electoral que decrete medidas cautelares con la naturaleza de tutela preventiva para evitar que las personas denunciadas continúen cometiendo calumnias, violencia política y violencia institucional.
Sin embargo en el proyecto con número de expediente IEEBC/UTCE/PSO/04/2023 del cual La Voz de la Frontera tiene copia, considera que es improcedente, porque no hay calumnia, argumentando que no vulnera derechos jurídicos, y que como ex gobernador “debe tener una mayor tolerancia y apertura a la crítica, pues su umbral de protección es distinto al realizar actividades de interés público”, refiere el texto.
Sobre la violencia institucional, precisa el texto que esta categoría se utiliza para juzgar violaciones graves a derechos humanos por conductas institucionales del Estado, lo cual consideran no aplica en el caso de Bonilla Valdez.
Cabe precisar que el dictamen será votado el martes en la comisión de quejas y denuncias, que de ser aprobado, queda en firme la improcedencia.
