De acuerdo a las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil, Baja California es una entidad que no publica la información referente a la deuda pública adquirida durante este periodo, ni sobre los instrumentos crediticios y financieros orientados a atender la emergencia y la recuperación económica.
En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad del Covid-19, estas organizaciones crearon un mecanismo de seguimiento desde el pasado mes de marzo, con el cual observan la contratación de deuda pública y a los instrumentos crediticios y financieros orientados a atender la emergencia y la recuperación económica en las entidades.
De acuerdo a la revisión que hicieron estas organizaciones, el Gobierno de Baja California no ha transparentado información sobre deuda, créditos y contratos en sus micrositios oficiales ante la emergencia sanitaria y sus efectos económicos.
En un listado, se establece que en la entidad no es estimable el monto de deudas públicas publicadas en sus sitios web oficiales, mientras que tampoco es estimable el monto de recursos otorgados o por otorgarse.
Igualmente, se estableció que no son publicados en sus micrositios los contratos sobre compras y adquisiciones en el marco del Covid-19 y sus efectos económicos.
Transparencia Mexicana y Tojil insistieron en que la opacidad en las adquisiciones y obras vinculadas con la emergencia y sus consecuencias representa un riesgo latente de corrupción, pues en 21 estados del país se mantienen en mayor riesgo de corrupción al no publicar información sobre la forma en que están realizando contrataciones.
“(Es) indispensable que los gobiernos de las entidades publiquen en sus micrositios COVID-19 el origen y destino de los recursos a implementar en la reactivación y recuperación económica. Este nivel de transparencia es especialmente relevante de cara al proceso electoral federal y por entidad federativa en 2021”.
Dichos organismos informaron que solo Jalisco y Guanajuato han publicado información sobre la deuda pública adquirida por el estado para financiar la recuperación económica.
Solo cuatro gobiernos estatales publican información suficiente para estimar el total de los créditos para empresas, entregados o por entregar, en el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, siendo estos Coahuila, Puebla, Sonora y Zacatecas .
Morelos, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz no transparentan en sus micrositios especiales de COVID-19 los programas y apoyos anunciados a través de distintos medios de comunicación.
“Además del buen manejo de los recursos, desconocer el origen, destino y uso de estos programas de apoyo representa un riesgo adicional ante el inicio del periodo electoral 2021”.
Coahuila y Puebla se integraron al grupo de estados que han comenzado a publicar información sobre las contrataciones de bienes y servicios que han realizado los gobiernos en el marco de COVID-19. Con ello, un tercio de las entidades federativas del país (11 estados) han empezado a publicar información sobre contrataciones públicas, sin embargo, para estos organismos la información en muchos de los casos es deficiente, confusa o incompleta.
“A diferencia de los recursos presupuestarios, estos instrumentos pueden generar obligaciones que trascienden el ejercicio fiscal 2020. En el caso de la deuda supone obligaciones para más de una generación de mexicanas y mexicanos”.
