Mediante un oficio enviado a un medio de comunicación local, el Poder Judicial del Estado, lo apercibe que de publicar nombres y razón social de los trabajadores del Banco, así como de la institución bancaria misma, relacionadas con el caso Next Energy, y serán multados con 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 5 mil 187 pesos.
Además, se considerarán realizar audiencias privadas cuando la defensa considere que se puede poner en peligro el secreto bancario.
Lo anterior, debido a que en la pasada administración estatal encabezada por Jaime Bonilla Valdez, se pretendía construir un planta fotovoltáica para alimentar el acueducto Río Colorado-Tijuana, pero al carecer de permisos federales, esta no se llevó a cabo, por lo que la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, canceló el proyecto.
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Lo anterior, activo una cláusula del contrato en la que se señalaba que la institución bancaria involucrada, garantizaría su pago por medio de la retención de las participaciones federales, por lo que en el mes de enero del 2022, esta retuvo 123 millones de pesos, que ahora reclama el gobierno del estado.
Al negarse a acudir dos directivos de la citada Banca a la audiencia inicial de imputación, se les ha considerado como sustraídos de la justicia, por lo que se les ha girado orden de aprehensión, y son los mismos que hace referencia el comunicado del Poder Judicial del Estado.
Actualmente son 8 los ex servidores públicos de la pasada administración estatal, los que están vinculados a proceso por los delitos de peculado y por uso ilícito de facultades.
Es así que con fecha del 7 de febrero del 2023, el Administrador Judicial del Sistema de Justicia Penal Oral Mexicali del Poder Judicial del Estado de Baja California, Maestro Marcos Pérez Núñez, envió el citado oficio.
“Por medio del presente, en relación a la causa penal con número único de caso al rubro indicados, se le requiere en el sentido de que cuando se realicen notas periodisticas, deberán de abstenerse en publicar y/o publicitar datos personales de las partes que intervienen en la causa al rubro anotada, así como de la persona moral denominada Banca “N”, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, “N” Grupo Financiero, relacionados al presente proceso, con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se impondrá a los respectivos directivos de los medios de comunicación, una multa por el equivalente a cincuenta valores de la Unidad de Medida y Actualización vigente en esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 fracción II inciso b del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Así mismo se le informa que conforme al principio de publicidad los medios periodísticos podrán estar presente en las audiencias que se programen en la presente causa penal, sin embargo a su ingreso no se permitirá cámaras de video grabación, así como cualquier dispositivo electrónico que permita video grabar o toma de fotografías y/o imágenes".
“E incluso en el momento procesal oportuno se podrá disponer a solicitud de los defensores se aplique la excepción al principio de publicidad cuando se ponga en riesgo o peligre algún secreto bancario como lo enunciaron los defensores particulares".
“Lo anterior se hace de su conocimiento en razón a lo ordenado por la Juez de Control María de Jesús Acosta Sumarán, mediante auto del uno de febrero del año en curso, derivado de la solicitud realizada por la Defensa Particular dentro de la causa penal señalada”.
NO PONER NOMBRES
Al respecto, el Consejero Jurídico del gobierno del estado, José Pon Méndez, explicó en la conferencia mañanera del martes realizada en Ensenada, comentó que la nueva fecha para la audiencia de formulación de imputación, son las 10:00 horas de este 10 de febrero, en el Centro de Justicia de esta capital.
Expuso que la citada institución bancaria había solicitado que no se permitiera el acceso a los medios de comunicación a las audiencias de este proceso penal, solicitud que no fue procedente, por lo que los medios de comunicación pueden acudir a estas audiencias.
También la misma institución bancaria había solicitado que se aplicara una multa de 100 UMAs a un medio de comunicación local, por considerar que se habían difundido datos personales, y se había causado un daño a la imagen pública de esta institución, pero esto también fue denegado.
