Durante el 2018 en Baja California fallecieron 715 personas a consecuencia de la mala calidad del aire.
La cifra representa un incremento del 135% en comparación con la mortandad asociada a la contaminación ambiental del 2017, cuando se registraron 304 defunciones, es decir, que de un año a otro la polución se volvió más agresiva.
Un último estudio elaborado por la Secretaría de Salud, la de Protección al Ambiente y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), reveló el impacto de la calidad del aire en la salud y el bolsillo de los bajacalifornianos.
Efrén Zazueta Fierro, titular del Departamento de Epidemiología, detalló que entre los resultados destacan las 715 defunciones que se ligan a la presencia de partículas contaminantes en el aire que agravan enfermedades cardiovasculares y respiratorias como el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
El estudio indicó además que durante el 2018 más de 31 mil 800 personas debieron acudir a consulta médica por presentar síntomas asociados a la contaminación.
La atención a esos pacientes costó al sector Salud 17 millones de pesos; la contaminación causó también costos indirectos al provocar pérdidas de productividad de otros 463 millones en el Estado.
El Imco hizo además un listado de las ciudades que más están gastando en atender los problemas de salud que provoca la contaminación, donde se menciona a la capital de Baja California.
“El primer lugar lo lidera el Valle de México seguido de Monterrey, la tercera ciudad que más gasta en salud asociada a la contaminación es Mexicali seguido de Tijuana”.
Por su parte, Néstor Saúl Hernández Milán, director de Servicios de Salud, expresó que el estudio puntualizó que las partículas contaminantes que más se encuentran en el aire de Mexicali son las denominadas PM10 que surgen del polvo y los vehículos.
“Las partículas PM10 pueden llegar a estar suspendidas hasta 24 horas en el aire”.
El funcionario señaló que aunque en Mexicali ya se diseñó un plan de contingencia ambiental, hasta ahora no se han definido los mecanismos que implicarán las alertas y las actividades que van a ordenarse para proteger a la población de la mala calidad del aire.
