En el Congreso del Estado se encuentra congelada la iniciativa de crear un Registro Público de Agresores Sexuales de niños, ya que opiniones técnicas consideran que violenta los derechos humanos de los agresores.

Bernardo Padilla Muñoz, diputado local de la fracción priísta, recordó que fue en el 2017 cuando presentó la reforma integral en protección de los niños y niñas de Baja California, misma que contempla modificar el artículo 43 de la Ley de Seguridad Pública del Estado para tener un padrón de las personas que han sido condenadas por violentar sexualmente a un menor de edad.

La propuesta contempla además elevar las penas contra quienes cometan delitos en prejuicio de los niños.

“Sigue en comisión de justicia, había una opinión jurídica de parte de Consultoría y de parte del Ejecutivo de que caería en un tema de violación a derechos humanos si existiera ese registro único de agresores sexuales, nosotros insistimos que no es el caso porque sería lo mismo a cuando sacas una carta de antecedentes penales”.

Este modelo se sigue en Estados Unidos, donde en determinada zona un ciudadano puede conocer cuántas personas han sido acusadas y procesadas por un delito sexual cometido contra un menor de edad.

Padilla Muñoz consideró que el caso de Isaú Alexander, sustraído por un adulto con antecedentes por violación, hace notar la necesidad de legislar en torno a este tipo de acontecimientos que vulneran a la población infantil.

“Sería un programa que tendría que implementar la Secretaría de Seguridad Pública y reglamentar ellos propiamente la operación de dicho cambio en la legislación”.

El legislador local indicó que es alarmante que una persona que ha agredido a un menor obtenga su libertad antes de tiempo, por lo que insistirá que el tema sea analizado y llevado al pleno.