Asigna estado terrenos al PJE en el Kilómetro 43

Serán para la operación y funcionamiento de un Centro de Justicia Penal Oral; de no utilizarse en 2 años, lo tendrán que devolver

Alejandro Domínguez / La Voz de la Frontera

  · lunes 7 de octubre de 2024

Juan Salazar / La Voz de la Frontera

El Gobierno del estado, asignó un terreno de 2 mil 759.65 metros cuadrados al Poder Judicial del Estado (PJE), para la operación y funcionamiento de un Centro de Justicia Penal Oral en ciudad Guadalupe Victoria o Kilómetro 43 del Valle de Mexicali, que de no utilizarse en 2 años, lo tendrán que devolver.

En la edición del viernes 4 de octubre del Periódico Oficial del Estado, se publicó el acuerdo administrativo de asignación, firmado por David Rangel Cervantes Aguilar, oficial mayor del Gobierno del estado.

EL ACUERDO

En dicho acuerdo se establece que “Se asigna al Poder Judicial del Estado de Baja California, los predios identificados como lotes del 19 al 27, y del 47 al 52, de la manzana 6, del fraccionamiento Valle de Guadalupe, con una superficie en conjunto de 2 mil 759.61 m², ubicados en la delegación Guadalupe Victoria en el municipio de Mexicali, Baja California”.

Lo anterior, única y exclusivamente para la operación y funcionamiento del Centro de Justicia Penal Oral en la delegación Guadalupe Victoria, Mexicali, Baja California.

El presente acuerdo tendrá vigencia de 2 años, mismos que surtirán efecto a partir de la fecha de publicación en el Periódico Oficial del Estado.

REVOCACIÓN

“Si dentro de un término de dos años, el predio no fuese destinado para los fines señalados o se les diera un uso distinto al descrito, sin la previa autorización por escrito de la Oficialía Mayor de Gobierno, será causal suficiente para que se revoque la presente asignación”.

Queda bajo responsabilidad del Poder Judicial del Estado de Baja California, el cumplimiento de las obligaciones siguientes: El cuidado, vigilancia, conservación y mantenimiento del inmueble; El pago de mejoras, derechos y servicios públicos y privados.

Enviar cada 6 meses un informe por escrito a la Oficialía Mayor de Gobierno, detallando el uso y condiciones del inmueble en cuestión.