El directivo bancario David Alejandro “N”, prófugo desde enero por el caso de la planta fotovoltaica Next Energy, fue capturado por autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en el aeropuerto de Houston, Texas, cuando llegaba de un vuelo procedente de Europa, mientras que su socio, Nabor “N”, sigue evadiendo la justicia.
La mañana de ayer se realizó una rueda de prensa encabezada por el consejero jurídico del gobierno del estado, Juan José Pon Méndez y la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Elena Andrade Ramírez, en la cual informaron sobre esa detención.
La orden de aprehensión contra los dos citados personajes se dio por abuso de confianza por retención de 123 millones de pesos (mdp), no obstante que había una orden judicial para devolverlos a las arcas del estado, además de investigación en contra de ambos directivos, quienes optaron por huir del país hacia otro continente.
Es por lo anterior que se lanzó una alerta roja ante la Interpol México, ya que había una orden de aprehensión por no responder ante la justicia de Baja California.
Andrade Ramírez expuso que tenían información que David Alejandro “N” se encontraba en Madrid, España y al viajar del viejo continente hacia Estados Unidos, fue detenido a la hora de tocar tierra.
“La causa penal 05312/ 2022 se inició por el delito de abuso de confianza por retención en el año 2022, los imputados que se encuentran en este proceso son David Alejandro “N” y Nabor “N”, como en estos hechos estas personas están siendo investigadas por los 123 millones de pesos que habían retenido, no obstante que se llevó a cabo un procedimiento, una investigación.
“Y que han sido requeridos por el juez correspondiente, para efecto que hagan entrega al gobierno del estado de ese erario, que es una cantidad fuerte que corresponde al patrimonio de Baja California”.
Por esa razón, el 19 de enero de este año se giró una orden de aprehensión.
“En estos momentos, el imputado se encuentra bajo custodia del Servicio de Migración de Aduanas de los Estados Unidos, en un centro de atención en la espera de la audiencia ante un juez de los Estados Unidos.
“Una vez resuelta su situación migratoria, será presentado para que responda por los cargos que se le atribuyen, en agravio del estado de Baja California”.
Pon Méndez aclaró que los dos directivos siguen trabajando para la misma institución bancaria, ya que no se les ha informado que los hayan despedido o separado de sus cargos, además, la orden es contra ellos y nadie más del Banco, ya que ellos son los que pueden hacer la devolución del dinero al estado.
Como ya han pasado varios meses desde que se solicitó la devolución de los 123 mdp, debido a los intereses, la cantidad se ha incrementado a 130 mdp y ésta es la que exigirán en la devolución, señaló Pon Méndez.
“Continuamos dándole seguimiento al juicio penal que se instauró con motivo de la supuesta instalación de la planta fotovoltaica y al día de hoy se han dictado autos de apertura a juicio oral en contra de cinco ex servidores públicos y un particular, como es Adalberto “N”, Luis Salomón “N”, Marco Octavio “N”, Israel Clemente “N”, Pablo Alonso “N”, y Alberto Julio “N”.
“Asimismo es muy importante señalar que, para este próximo sábado 30 de diciembre a las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia intermedia en contra de dos particulares, como son Juan Luis “N” y Héctor “N””.
ANTECEDENTE
En la pasada administración estatal, encabezada por el entonces morenista y hoy senador por el PT, Jaime Bonilla Valdez, se gestionó la construcción de una planta fotovoltaica con la empresa Next Energy, que alimentaría el acueducto Río Colorado-Tijuana.
El proyecto tendría un costo de aproximadamente 6 mil millones de pesos y sería financiado por una institución bancaria, con lo que el estado estaría pagando poco más de 123 mdp al mes, sin embargo, el contrato contemplaba que de no construirse la planta, el estado estaría obligado a pagar alrededor de 11 mil mdp.
Al iniciar la administración actual, de la también morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, hubo desacuerdo con las condiciones del contrato, por lo que decidió cancelarlo, sin embargo, la institución bancaria ya se había cobrado los 123 mdp, correspondientes al primer mes.
Por lo anterior, el gobierno del estado presentó denuncias en contra de funcionarios de la administración estatal anterior y funcionarios bancarios, así como las gestiones legales para recuperar el monto citado.
