Diputados aprobaron una reforma para sancionar a las empresas golondrinas, es decir, aquellas que se retiran del estado sin liquidar a los trabajadores y violando sus derechos laborales.
En la comisión de gobernación, legislación y puntos constitucionales se precisó que la reforma a diversos artículos del código penal de Baja California, busca garantizar los derechos de los trabajadores y garantizar el conocido derecho humano al principio de progresividad constitucional.
La diputada inicialista Michel Sánchez Allende explicó que la reforma es contra las empresas y que en los últimos meses, se han detectado de entre 10 a 15 casos, principalmente en Tijuana, de acuerdo a información de la Secretaría del Trabajo.
La diputada Daylin García Ruvalcaba votó el dictamen en abstención, al señalar que la reforma es una sobreregulación, porque las sanciones a dichas empresas ya están reguladas en la ley federal.
Además que faltó integrar en la generación del dictamen al sector empresarial.
Dijo que se corre el riesgo de que emprendedores y comerciantes, conocidos como mipymes, enfrentan litigios y consuman tiempo y recursos en sus defensa, que al final no eran responsables.
El diputado Diego Echevarría Ibarra, quien también votó en abstención, aseveró que es evidente que están en contra de las empresas que no cumplan con sus obligaciones, pero que la reforma requiere mayor análisis antes de ser presentada al pleno legislativo.
Precisó que la ley federal ya contempla sanciones y prisión a quienes incumplan en temas como contratar a menores de edad, o no pagar el salario justo a los trabajadores del campo.
“La idea es buena, pero requiere precisiones o modificaciones, para no afectar a empresas, pero proteger al trabajador y tener cuidados con los alcances jurídicos”, señaló.
A contra réplica, la diputada Michel Sánchez contestó que una empresa golondrina, que se fugó del estado en Tijuana, dejó a 300 trabajadores sin empleo, ni finiquitos, y además afectó a la cadena de proveedores a quienes tampoco les pagó.
Puntualizó que antes, los trabajadores solo hacían protestas o se publicaban en los medios, pero ahora se busca legislar, regular y sancionar.
También que 2 de cada 10 quejas interpuestas en conciliación y arbitraje, no hay una figura a quien reclamar porque los patrones ya no están en la entidad, es decir, se fugaron.
El diputado Juan Manuel Molina precisó que como poder legislativo, ya no se puede “estar solapando a las empresas” porque incluso algunas preferían demandar a los trabajadores, acusarlos de robo, para finalmente otorgar el perdón, y así evitar pagar los finiquitos y manchar el historial del empleado.
“Esas son mañas de las empresas, y les digo a las que están haciendo las cosas bien, que no se preocupen, a justo trabajo, justa retribución", comentó.
Finalmente acordaron que se escucharía la voz del sector empresarial, quienes a través del Consejo Coordinador Empresarial emitieron un escrito al congreso, pero el dictamen ya fue aprobado por mayoría y pasará al pleno para su votación.
