De manera unánime, el Congreso del Estado de Baja California aprobó reformas a la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte en esta entidad, así como la abrogación de una ley que creó el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación (Invec), la cual fue promovida por el ex gobernador, Jaime Bonilla Valdez, en marzo de 2020.
Durante la sesión realizada la tarde del 16 de febrero, con 18 votos a favor se aprobó dicha iniciativa, cuya inicialista fue la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, con lo que se reforma la ley anteriormente mencionada en su artículo 26, así como el el artículo 32 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.
El dictamen 56 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, establece que la autoridad estatal buscó garantizar a la población al derecho humano de la movilidad de una manera sana, segura, sustentable y eficiente, por lo que la reforma aprobado le reitera la atribución de velar por temas ambientales al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado
En el 2020, la administración estatal encabezada por Bonilla promovió la creación del Invec, el cual tenía la atribución de implementar acciones para lograr la identificación, ubicación y relación con el propietario de los vehículos de procedencia extranjera que circulan en la entidad, lo cual se contrapone ahora con el decreto implementado a nivel federal para la regularización de ese tipo de vehículos.
“El Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, quedó mayormente sin materia, toda vez que es el Ejecutivo Federal el que toma la conducción del registro y regularización de los vehículos procedentes del extranjero en Baja California, con el apoyo del Ejecutivo Estatal, a través de los convenios correspondientes”, refiere el dictamen 56 de la comisión que preside el diputado Juan Manuel Molina García.
Con la eliminación del Invec, la iniciativa promovida por la gobernadora contribuye a que la organización administrativa sea coherente con la realidad del Estado, así como el establecimiento de una estructura administrativa equilibrada con los asuntos públicos, sin dejar de servir a los ciudadanos en materia de combate a la corrupción.
La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
