Atendiendo 35 de las 38 observaciones realizadas por organismos de la sociedad civil, el Congreso local aprobó la nueva Ley de Educación del estado, con la que --señalan-- se revaloriza a los docentes y se integra la Nueva Escuela Mexicana.
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado, después de que fue aprobado con 19 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.
LOS ARGUMENTOS
La diputada María Luisa Villalobos Ávila, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dijo que el propósito de la nueva Ley es armonizar el marco jurídico de la Entidad, con la norma federal establecida en la nueva Reforma Educativa.
Así como revalorizar la labor docente y dar forma a la iniciativa educativa denominada Nueva Escuela Mexicana, modelo que ofrece una educación humanista, científica, tecnológica e integral.
En esta nueva escuela se considera el aprendizaje de una cultura de paz, activación física, deporte escolar, arte, música y, fundamentalmente, civismo e inclusión, subrayó.
Añadió que la propuesta avalada establece como un derecho la educación inicial; reconoce a la educación indígena en el ejercicio de sus derechos educativos, culturales y lingüísticos; garantiza la atención educativa a las niñas, niños, jóvenes de Educación Especial.
Y considera a las becas como un instrumento en favor de la equidad y la excelencia, en particular de los sectores menos favorecidos de la sociedad.
Con respecto a la educación superior, la nueva ley establece en su Artículo 24 que:
“En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas estatal y municipales concurrirán con la federal para garantizar la gratuidad de manera gradual.
“Comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás, en los términos que establezca la ley de la materia, priorizando la inclusión de las comunidades indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos para proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo el Estado.
“En todo momento se respetará el carácter de las instituciones a las que la ley otorga autonomía”.
En su Artículo 120, se establecen limitaciones a los particulares, entre las que se encuentra que:
“En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos.