Mexicali.- El Pleno de la XXIII Legislatura local aprobó de manera unánime en lo general, durante la sesión extraordinaria virtual de este día, el dictamen 39 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc), mediante el cual se instituye la Ley que Crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (Lccespbc), mismo que será un organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión.
Además, la Asamblea Legislativa avaló una reserva al dictamen 39, propuesta por el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Cglpc, que tiene la finalidad de derogar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
La Lccespbc, leída por el presidente de la Cglpc, establece que tal Comisión “será la autoridad encargada de integrar, operar y administrar el Sistema Penitenciario, la cual tiene por objeto la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de las mujeres y hombres sentenciados, a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”.
En sus artículos transitorios se dispone que la ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y que los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario, adscrita a la Secretaría General de Gobierno, formarán parte del organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal del Sistema Penitenciario.
En ellos también se establece que los trabajadores de la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario, por virtud de la presente ley, se transferirán al organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, donde los trabajadores de base conservarán todos sus derechos laborales, de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo, que dentro de los 60 días a partir de su entrada en vigor, el Ejecutivo del Estado deberá de emitir la normativa complementaria necesaria en materia penitenciaria.
En el mismo dictamen 39 se inscribe que se derogan las fracciones LII, LIII, LIV, LV del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.
