Al aprobar una serie de medidas contra la compra de facturas apócrifas, la federación equipara a los contribuyentes con integrantes de la delincuencia organizada, manifestó la senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge.

La legisladora mexicalense presentó el martes, el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN ante el pleno del Senado de la República, que en ese momento discutía una serie de reformas a diversos artículos para aumentar las penas a la compra de facturas apócrifas.

“La incertidumbre jurídica es considerada como uno de los principales obstáculos para la competitividad del sector del País, y si se le suma la interpretación discrecional de las normas fiscales por parte de la autoridad, se deja a los contribuyentes en grave vulnerabilidad”.

Con lo anterior se violenta en todo momento el principio de legalidad y subordinación jerárquica, señaló la senadora mexicalense.

Si bien, se trata de tratar de combatir la defraudación fiscal a través de empresas facturadoras de operaciones simuladas, y combatir a las empresas que deducen operaciones simuladas, las cuales dañan al fisco, ahora se trata de sumar un factor más al mal clima de negocios que existe en nuestro País.

Y es que el dictamen en cuestión, equipara a todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, expuso la legisladora.

“Con estas reformas al vapor, y sin considerar todas las voces, se está generando terrorismo fiscal, sí, terrorismo fiscal hacia las empresas formales de nuestro País por actos arbitrarios de la autoridad fiscal que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes generando falta de seguridad jurídica y certeza a la inversión productiva”.

“Lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio, sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio, y procedimientos extraordinarios de investigación”.

Gina Cruz expuso que estos delitos deben ser sancionados penalmente, pero no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que solo aplica a delincuentes de alta peligrosidad, que ponen en riesgo de la seguridad nacional y la existencia misma del Estado.