Este año en Baja California fueron construidas apenas nueve mil 500 viviendas nuevas para cubrir toda la demanda en el estado, dijo José Alejandro Jiménez López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y promoción de Vivienda (Canadevi) en Baja California.
De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), hay 400 mil derechohabientes en posibilidad de ejercer un crédito, de los cuales se estima que un 20%, es decir 80 mil, están interesados en adquirir una vivienda, indicó.
El presidente de Canadevi agregó que tras desarrollar estas menos de 10 mil viviendas escrituradas en todo el estado proyectan aumentar un 20% para el 2023, lo que significa entre mil 500 a mil 800.
“Quisiéramos desarrollar, no es que no queramos, pero hay que combinar una serie de factores como la agilización de los trámites de permisos y licencias en los ayuntamientos”, mencionó José Alejandro Jiménez.
Alrededor del 50% de los derechohabientes del Infonavit que pueden ejercer su crédito alcanza un préstamo menor a los 650 mil pesos.
De las nueve mil 500 viviendas que se desarrollaron integrantes de la Canadevi, únicamente mil 700 rondan entre los 600 mil a los 650 mil pesos, precisó.
Declaró que el alto costo de la vivienda se debe a que “hay escasez de infraestructura”, y en el caso de Tijuana, es necesario invertir en muros de contención por su topografía, lo que dificulta reducir la inversión para construir vivienda social menor a los 600 mil pesos.
El presidente de la Canadevi comentó que este año aumentó en un 20% el costo de la vivienda en Baja California debido al aumento de los materiales de construcción.
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“El acero aumentó desde los problemas que hubo con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, se fue desde 19 pesos el kilo de acero hasta los 31 pesos. El cemento, la arena y todos los insumos se han incrementado”, detalló.
Adelantó que esperan incrementar la producción de vivienda en un 20% cada año de manera progresiva con la condonación que les ofreció el gobierno estatal en el pago de derechos de agua y drenaje cuando se produzca vivienda social por debajo de los 650 mil pesos.