Al aprobar la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado, para el abogado y contador público Jaime Dávila Galván, está solo podría ser una estrategia temporal y que no le garantiza a las personas que las autoridades fiscales no les retirarán su automóvil irregular.

El experto comentó que la medida que fue aprobada por el Congreso del Estado no es más que un padrón para el Ejecutivo Estatal a consecuencia de que ese orden de gobierno no tiene las facultades legales para regularizar vehículos de procedencia extranjera, ya que la que tiene la facultad es la federación.

“Si ahora el gobierno federal emite un programa de regularización de vehículos, no pueden ser ni todos los modelos, ni todos los años, porque estamos acotados por la ley; el padrón que quiere llevar a cabo el gobierno del estado yo lo pudiera entender como algo provisional para poder gestionar con el gobierno federal un programa de regularización que están en México de procedencia extranjera y que están ilegales”.

Opinó que la forma en que se ha aterrizado la iniciativa de crear dicho instituto, no ha sido la correcta para atender la problemática de la existencia de vehículos irregulares en el estado, lo cual solo hará que la gente se motive aún más para adquirir un automóvil que no cuenta con una procedencia legal en este país.

“Aquella gente que tenía dudas, si compraba o no un vehículo ilegal, pues ahora sí lo va a comprar”.

Insistió que con esa medida, a los que soliciten registrarse ante el instituto no les asegura que no podrían perder su patrimonio.

“El instituto que se está creando ni te va a permitir la internación de vehículos ni te va a reconocer la legal estancia, nada más es para generar un padrón y que de alguna manera no te van a amonestar, pero eso tendría que hacer dentro de un acuerdo con el SAT y ni siquiera pudiera ser un acuerdo legalmente, como un convenio, porque la ley lo prohíbe”.

El abogado puntualizó que es desfavorable que el estado proyecte un cobro por “empadronar” a los vehículos, ya que sí realmente quisieran apoyarlo, debería de permitirse que sea gratuito.

Para resolver el problema, opinó que el gobierno del estado debería de un acercamiento con aquellas asociaciones que promueven placas apócrifas de tal manera en que compartan la información de los que están empadronados con dichos supuestos amparos colectivos para acreditar que llevan un tiempo teniéndolo bajo su propiedad.

“Siempre hay que primero buscar resolver el problema, porque es social y esto no da una solución de fondo; pudiera ser el inicio de una solución de fondo, pero sin cobro, y teniendo acercamiento con todas las partes que están involucradas”.