El dirigente nacional de Anapromex, Fidel Villanueva, informó que combatirá la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, para derogarla, así como la reforma al Código Penal del estado, que sanciona con cárcel a quien ampare la circulación de autos de procedencia extranjera.
La noche del jueves, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura que preside el diputado local por Morena, Juan Manuel Molina García, aprobó la creación del citado instituto que se encargará de realizar un censo vehicular, así como la penalidad de quienes otorguen engomados para que circulen autos de procedencia extranjera.
Se espera que en la próxima sesión plenaria del Congreso local, sean aprobadas por la mayoría de Morena.
En rueda de prensa, el dirigente nacional de Anapromex, junto con el abogado Enrique Acosta Fregoso, anunciaron la creación de un gran frente con el ex candidato a la gubernatura por el PRD, Jaime Martinez Veloz, así como con los grupos indígenas de San Quintín, las resistencias de la defensa del agua, así como con diversos liderazgos de todo el estado, para establecer una alianza opositora contra las medidas establecidas por este gobierno, incluso estableciendo en un principio, movilizaciones ciudadanas.
Villanueva anunció que aunque lo encarcelen las veces que sean, las oficinas de Anapromex seguirán abiertas pase lo que pase.
Acosta Fregoso anunció que seguramente aprobarán la creación del instituto, así como la reforma al Código Penal, por lo que el mismo día que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, presentarán una iniciativa ciudadana con 500 firmas, para derogar estas reformas.
Las reformas adolecen de muchos errores, ya que el instituto tiene una finalidad meramente recaudatoria, ya que su actividad es meramente censal, solo la de establecer que existe un vehículo en el estado, y quien es su dueño, pero no protege ante un decomiso de una autoridad federal.
En lo que respecta a la reforma al Código Penal, se establece una penalidad de 3 a 9 años, a aquellas personas que fomenten la circulación de autos extranjeros, mientras que un homicidio sin agravantes, la penalidad es de 8 a 15 años.
Es decir, para el gobernador Jaime Bonilla Valdez, es más grave la circulación de autos de procedencia extranjera, que un homicidio, por lo que se trata de una aberración jurídica.
La penalidad es desproporcionada, y se viola la rigidez constitucional, además se establece un tipo penal que no existe en contra del Servicio Público de Transporte, una institución que no existe, por lo que Acosta Fregoso augura que será muy sencillo derogarla.