Diputados del Congreso local aprobaron la ampliación de presupuesto de egresos por 25 millones 495 mil 276 pesos para el Instituto Estatal Electoral (IEE) con el fin de que pague a los partidos políticos las prerrogativas derivadas de la sentencia emitida por la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Al informar lo anterior, la diputada Julia Andrea González Quiroz precisó que es parte de la resolución en donde se indica que se les deben dar las prerrogativas en 2024 tal como estaban en 2021.
El diputado Juan Manuel Molina García mencionó no estar de acuerdo con dicha resolución, pero tuvo que votar a favor ya que se trata de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Después de tres diferentes cadenas impugnativas que se hicieron tratando de generar una distribución equitativa en el monto del financiamiento de los partidos políticos, hay muchos rubros de la administración pública que deben de ser atendidos, sobre todo lo que atañe a la prestación de servicios y los programas sociales”, expuso.
Detalló que dos terceras partes de este financiamiento van a ser destinadas al Partido Encuentro Solidario (PES) y no al resto de los partidos políticos en la misma proporción, derivado de una interpretación equivocada de la Ley General de Partidos Políticos.
“Estos cálculos de asignaciones presupuestales fueron hechos en base al resultado electoral 2020-2021, en donde el PES tuvo más del 15% de las votaciones en la elección de diputados, que es lo que sirve como cálculo para el financiamiento de los partidos”, señaló.
En total, apuntó, en 2024 van a ser más de 100 millones de pesos para el PES a nivel local en un trato diferenciado entre partidos locales y partidos nacionales, con más de la tercera parte de la fuerza política que tuvo en aquella elección el mayor porcentaje de votación en la calle que fue Morena.
“En el proceso 2023-2024 el PES obtuvo el 3.4% aproximadamente de los votos y aún así van a seguir recibiendo este financiamiento tan alto, queda claro que no es el recurso público el que marca que la ciudadanía vote por un partido o por otro”.
Molina García puntualizó que están obligados a conceder su votación a favor, aun sin estar de acuerdo en la resolución que consideró contradictoria de la Sala Guadalajara, ya que es una sentencia judicial.
Explicó que con el “Plan C” del gobierno federal se eliminarán las prerrogativas de los partidos políticos para que cada quien se sostenga por sí mismo y con las aportaciones de su militancia para que el recurso sea para servir a la ciudadanía y no burocracias partidistas.
