Amplían presupuesto al Poder Judicial de BC

Mejorarán inmuebles en Tijuana y adquirirán vehículos para Ensenada y Playas de Rosarito

Vicente Guerra / La Voz de la Frontera

  · lunes 7 de octubre de 2024

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En sesión virtual de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del estado se aprobó una ampliación de 7 millones 831 mil 158 pesos al presupuesto del Poder Judicial local, para equipamiento, vehículos y mantenimiento de nuevos inmuebles.

El grueso de esos recursos, 7 millones 260 mil pesos, se aplicará en la adecuación del piso del edificio que albergará a lo que será el Tribunal Civil de Tijuana, el cual entrará en funciones en enero del próximo año.

De esta inversión en ese municipio, se destinarán 2 millones 500 mil pesos para mantenimiento menor en muros, cancelería, trabajos de carpintería, herrería, eléctricos y acabados, entre otros conceptos.

Foto: Yerson Martínez | La Voz de la Frontera 

Los restantes 4 millones 760 mil pesos serán para adquirir 14 vehículos Honda City 2024 que se asignarán a la Central de Actuarios de Ensenada y Playas de Rosarito, que entrarán en funciones en enero del 2025.

El financiamiento será con recursos propios del Poder Judicial y remanentes de ejercicios anteriores, además se cuenta con la viabilidad financiera positiva por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado.

Para la conclusión y mantenimientos menores del Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) y el Centro Estatal de Justicia Alternativa (Cejav) en Tijuana se aprobaron 571 mil 158 pesos.

En la sesión se enumeraron conceptos de obra entre los que destacan: preliminares, por 68 mil 187 pesos; albañilería, 159 mil 736 y mobiliario, 218 mil 944.

En la exposición de motivos, se precisa que 124 mil 291 pesos son para conservación y mantenimiento menor en obras adicionales para área verde, que incluye patio interior, jardinería, juegos y cercado.

Será en el edificio que fue entregado en comodato por el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi) al Poder Judicial para instalar estos nuevos centros y se prevé empiecen a funcionar antes de finalizar el presente año.

También se recuerda que el presupuesto original autorizado para ejercer durante el presente ejercicio fiscal al Poder Judicial del Estado fue de 1 mil 819 millones 645 mil 245 pesos.

El dictamen número 7 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue aprobado por unanimidad, para que se vote en la próxima sesión ordinaria del pleno del Congreso del estado.

LES ASIGNAN TERRENO

El Gobierno del estado, asignó un terreno de 2 mil 759.65 metros cuadrados al Poder Judicial del Estado (PJE), para la operación y funcionamiento de un Centro de Justicia Penal Oral en Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro 43) del Valle de Mexicali, que de no utilizarse en dos años, lo tendrán que devolver.

En la edición del viernes 4 de octubre del Periódico Oficial del Estado (POE), se publicó el acuerdo administrativo de asignación, firmado por David Ramsés Cervantes Aguilar, oficial mayor del gobierno estatal.

En dicho acuerdo se establece que “Se asigna al Poder Judicial del Estado de Baja California, los predios identificados como lotes del 19 al 27, y del 47 al 52, de la manzana 6, del fraccionamiento Valle de Guadalupe, con una superficie en conjunto de 2 mil 759.61 m², ubicados en la delegación Guadalupe Victoria en el municipio de Mexicali, Baja California”.

Lo anterior, única y exclusivamente para la operación y funcionamiento del Centro de Justicia Penal Oral en esa delegación.

El acuerdo tendrá vigencia de dos años, mismos que surtirán efecto a partir del 4 de octubre, fecha de publicación en el POE.

“Si dentro de un término de dos años, el predio no fuese destinado para los fines señalados o se les diera un uso distinto al descrito, sin la previa autorización por escrito de la Oficialía Mayor de Gobierno, será causal suficiente para que se revoque la presente asignación”.

Queda bajo responsabilidad del Poder Judicial del Estado, el cumplimiento de las obligaciones siguientes: El cuidado, vigilancia, conservación y mantenimiento del inmueble; el pago de mejoras, derechos y servicios públicos y privados.

Además, deberá enviar cada seis meses un informe por escrito a la Oficialía Mayor de Gobierno, detallando el uso y condiciones del inmueble en cuestión. / Con información de Alejandro Domínguez