Por considerarse inconstitucional la sobretasa al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) en Baja California, aprobada por el Congreso del estado en octubre del año pasado, el Poder Judicial de la Federación decidió otorgar un amparo a una empresa privada.

Esto mediante la resolución del amparo indirecto 1075/2022, el cual fue promovido por una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, el cual se recibió en el Juzgado Decimosegundo de Distrito, con sede en Tijuana.

Dentro de su resolución, el juzgador consideró que sí se vulneraron los derechos fundamentales de la empresa, ya que los argumentos que se presentaron en la reforma a la Ley de Ingresos del Estado para 2022 fueron considerados insuficientes para justificar la aplicación de esta sobretasa, que corresponde al 1.25%.

Esto ya que en la mencionada reforma, los legisladores señalan que el recurso obtenido de esta sobretasa se destinará exclusivamente al fortalecimiento de la seguridad pública y la infraestructura del estado, pero sin especificar cómo sería utilizada.

Se trata de la segunda sobretasa que se aplica al ISN, que originalmente es del 1.8%, ya que la primera sobretasa de 1.2% está destinada al fortalecimiento de la educación superior.

La resolución del juzgado señala, además, que el Gobierno del Estado debe restituir a la empresa amparada el recurso que se haya enterado por concepto de la sobretasa reclamada, además de abstenerse de exigir el pago por esta contribución.

SIN CONSENSO NI JUSTIFICACIÓN

A raíz de la aprobación de la sobretasa al ISN, fueron cientos las empresas que solicitaron amparos en contra de la disposición del gobierno de Baja California.

Alberto Sánchez Torres, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), calificó la medida como inviable desde el principio, ya que –afirma– el tema no se consensuó con ningún representante de la iniciativa privada.

“Nosotros sabíamos desde el punto de vista legal que el derecho nos iba a privilegiar, entonces esta resolución que hay de esta primera empresa lo único que indica es que todas las que vienen detrás pues van a ser falladas en el mismo sentido”.

En opinión del empresario, de cumplirse esta predicción las autoridades estatales podrían vivir un escenario difícil, dado que podrían verse obligados a devolver el recurso recabado a las empresas que se ampararon, lo que generaría una afectación importante a las finanzas del Poder Ejecutivo.

Octavio Sandoval López, presidente en Mexicali de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), resaltó que la debilidad principal del impuesto radica en la falta de fundamentación por parte del Poder Ejecutivo estatal.

“No basta con solamente decir que tiene un propósito, decir que para infraestructura, para la seguridad o para la movilidad, es insuficiente decir ese propósito; se debe clarificar cuáles son los programas, cuáles son las inversiones y cuáles son los proyectos”.

Sandoval López reconoció que si bien la mayoría de los contribuyentes decidieron apoyar a las autoridades sin iniciar ningún tipo de procedimiento en contra, fue alrededor del 5% de las empresas las que decidieron proceder con el amparo.

Según los datos de Canacintra Mexicali, fueron cerca de 150 empresas las que dieron a conocer su intención de ampararse, aunque se tiene conocimiento de miles de amparos que se tramitaron en el estado.