Debido a que por afirmativa ficta por parte de los Ayuntamientos de Mexicali y Tijuana, respecto a la reforma electoral para que diputados locales y munícipes, realicen campañas sin separarse de su cargo, ya alistan denuncias penales por coalición de servidores públicos, así como un referéndum.

A la medianoche del sábado 13 de junio, venció el plazo para que el Ayuntamiento de Mexicali, sesionara y votada la referida reforma electoral, que será aplicable en el próximo proceso electoral que iniciará en el mes de diciembre, por lo que de manera automática, se considera aprobado por afirmativa ficta.

Lo anterior, a pesar de los reiterados llamados de los regidores de la oposición a que fueran convocados a sesionar por parte de la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a votar a favor o en contra de la reforma, argumentando sus motivos, de frente a los mexicalenses.

El edil perredista mencionó que venció el plazo y nunca fueron convocados, por lo que su siguiente paso será presentar una denuncia penal por coalición d servidores públicos, en contra de los alcaldes Marina del Pilar Ávila Olmeda de Mexicali, y Arturo González Cruz, de Tijuana.

Esto, ante la Fiscalía General del Estado, una vez que haya sido publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado, y de comprobarse, se les podrá aplicar una pena de dos a siete años de prisión y multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medica y Actualización (de 2 mil 606.4 a 26 mil 064 pesos), según el Código Penal de Baja California.

Lo anterior, porque considera se ha materializado una conducta delictiva por parte de los alcaldes, al incumplir con su deber de sesionar y dejar que fuera aprobada de manera automática, sin la necesidad de someterla a votación, de frente a los ciudadanos.

El otro paso que dará, será la solicitud de un referéndum ciudadano por la reforma, ya que al tratarse de una reforma constitucional, se encuentran facultados según el tercer párrafo del Artículo 112 de la constitución local.

“Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución, aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que la Ley establezca”.

La alcaldesa parece estar sometida a las disposiciones que tenga el gobernador para sesionar en temas que le interesan, como fue el caso de la reforma para quitar el límite de edad de 70 años para que su amigo, Guillermo Ruiz Hernández pudiera ocupar el cargo, sesión que fue convocada a las 48 horas de haber recibido el dictamen por parte del Congreso.

O bien, cuando se hizo la reforma para cambiar el inicio del proceso electoral de septiembre a diciembre, esto, a los 5 días de haber sido notificado el Ayuntamiento.

Rosales señaló que los alcaldes de Mexicali y Tijuana, han traicionado los principios del presidente Andrés Manuel López Obrador, no mentir, el no traicionar y no robar.