Atrasos de hasta tres o cuatro años en los expedientes relacionados a violencia vicaria denunciaron madres afectadas por este delito en Baja California, quienes se presentaron en el edificio del Poder Ejecutivo con intención de hablar con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Las afectadas expresaron su descontento por el trato que se da a este delito en juzgados y la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde afirman sufren de revictimización, violencia y malos tratos por parte del personal, que sólo dan largas a sus casos.
Monserrat Saldaña, una de las afectadas, denunció la sustracción de sus dos hijas menores de edad, de las cuales una ya se encuentra de vuelta con ella, mientras que con la otra no ha podido tener contacto desde hace más de un año.
“No hay manera de poner una denuncia por violencia vicaria, porque cuando tu llegas al ministerio público, las personas que te atienden no saben que es una violencia vicaria, te hacen una denuncia por violencia familiar; no puede ser posible que a estas alturas ellos no estén preparados para hacer una denuncia de violencia vicaria”
En una situación similar se encuentra Estefanía Plasencia, quien presentó una queja contra el Juez Tercero de lo Familiar en Tijuana, a quien acusa de corrupción y de haber dado largas a su caso.
De acuerdo a lo comentado por Estefanía, hace seis años que no tiene contacto con su hija de actualmente 14 años de edad, mientras que la persona responsable no ha enfrentado ningún castigo por esta situación.
“Hay mamás que tienen tres años con sus carpetas, cuatro, que no han sido judicializadas por omisiones, y luego cuando ya por fin las judicializan no las pueden procesar, porque todo tiene un límite, y lo único que hacen es ganar tiempo para que se rompa el vínculo materno-filial”
Con una pancarta, las manifestantes pidieron además el despido de la fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, Adriana Lizárraga González, a quien acusan de no cumplir con su labor para llevar justicia a las mujeres víctimas.
