El Gobierno del Estado, encabezado por Marina del Pilar, instalará el Mecanismo Estatal de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el fin de proteger el bienestar de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los Derechos Humanos en Baja California.
La instalación tendrá lugar el próximo lunes 24 de enero, y responde a la necesidad de que los periodistas y las personas que defienden los Derechos Humanos tengan garantizada su seguridad durante el ejercicio de su labor, evitando poner en riesgo su vida o integridad.
Estará integrada por el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez; el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, y el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Gilberto Landeros Briseño.
Se sumarán representantes de la Secretaría General de Gobierno, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Baja California, que serán designados por sus respectivos titulares. Adicionalmente el Sistema estará integrado por representantes del gremio periodístico y defensores de Derechos Humanos.
El Secretario de Gobierno, Catalino Zavala Márquez puntualizó que dicho Mecanismo responde a la Ley General de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, misma que fomenta la cooperación entre la Federación y los Estados con miras a poner en marcha Medidas de Prevención y Medidas Urgentes de Protección.
Las medidas deben garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, así como del ejercicio de la libertad de expresión o del periodismo.
Con esa acción se pone de manifiesto la responsabilidad del Estado para atender su responsabilidad fundamental de promover, proteger y asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos, respondiendo a ordenamientos locales, nacionales e internacionales.
El Mecanismo responde a criterios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California, por lo que cumple con preceptos legales fundamentales para el desarrollo de la democracia nacional.