Por ley, el proceso de fiscalización de todo recurso público utilizado por cualquier ente de Gobierno conlleva una serie de pasos y tiempos; la primera etapa consiste en la notificación oficial del informe de resultados que contiene las acciones y recomendaciones que correspondan por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), posteriormente, se le otorga un plazo al ente auditado para que presente la información y realice las consideraciones pertinentes, lo cual es posible debido a que se trata de observaciones que pueden ser totalmente aclaradas.

Una vez que se envía la información aclaratoria a la ASF, ésta cuenta con un amplio plazo para el análisis correspondiente y pronunciarse sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas.

De acuerdo a información pública que circula en medios de todo el país, no son exclusivas para Baja California dichas observaciones, sino que además, se agregan los municipios y las dependencias federales.

No obstante y referente a la información sobre el supuesto desvío de recursos públicos, se precisa:

En relación al supuesto subejercicio por 204 millones 883 mil 839 pesos, es recurso actualmente comprometido y en la práctica se va solventado a medida que se va ejerciendo, mismo que se informa periódicamente a la ASF. Este, se integra de la siguiente manera:

El corte de la auditoría realizada es al 31 de diciembre del 2016, y en lo que corresponde al Fondo Metropolitano, se tenía un plazo para ejercer hasta septiembre del 2017, que es la fecha de terminación de la última obra de este Fondo.

Para Fortalecimiento Financiero, el recurso se empezó a radicar el 31 de agosto del 2016 y al 31 de diciembre ya estaba comprometido, en específico la cláusula XI de este fondo, estipula que la vigencia será “hasta que se cumpla el objeto del presente convenio”.

El fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, se empezó a radicar el 05 de mayo del 2016, y a la fecha ya se encuentra totalmente ejercido, incluso ya se realizaron los cierres del ejercicio y los reintegros de los saldos.

Únicamente se trata de “Solicitudes de aclaración” que son acciones de tipo “preventivas” y consiste en requerir a la entidad fiscalizada para que documente y respalde operaciones y montos observados no justificados o no comprobados durante la revisión.

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

En relación al PDR, donde se indica que, al cierre de la auditoría con corte a diciembre del 2016, había un subejercicio por 1 millón 478 mil 276 pesos, se aclara que el recurso ya estaba comprometido y la fecha de terminación fue al 20 de diciembre del 2017, no obstante, el recurso se inició a radicar el 31 de agosto de 2016.

304 MILLONES PARA ISSSTECALI

En relación con los 304 millones 187 mil 005 pesos, por concepto de beneficio de seguridad social a los empleados de Gobierno del Estado se aclara que durante la auditoría y en el plazo proporcionado por la ASF para la solventación de la presente acción, se proporcionó la solventación y explicación, sin embargo, a juicio del auditor se requirió mayor documentación, por lo que se trabaja en la integración de documentación adicional requerida para la total solventación de la misma.

Respecto a los de 827 mil 037 pesos y los 4 millones 475 mil 859, así como, los 13 millones 853 mil 800 correspondientes a servidores dados de baja, plazas no autorizadas y servidores que no contaron con la acreditación del perfil, tanto la Oficialía Mayor de Gobierno (OM), como la Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) presentaron la solventación, sin embargo, la ASF no se ha pronunciado.

PAGOS INCOMPLETOS A PROFESORES

Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

De las 10 personas que no se acreditó que laboraran efectivamente en los centros de trabajo, con fecha 26 de octubre del 2017 se envió la solventación al ASF, sin embargo, ésta no se ha pronunciado.

ENTES EJECUTORES

Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios.

Las observaciones que resultaron de esta auditoría, donde se menciona que no se identificaron transferencias del recurso, es porque estos recursos llegaron directamente al ejecutor, sin pasar por Gobierno del Estado.

De tal manera que, entendemos las interpretaciones por desconocimiento en el tema y sus procesos; por ello, nos encontramos a la espera de los resultados de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para hacer las aclaraciones y justificaciones a favor de la transparencia y rendición de cuentas.