Tijuana.- Son alrededor de 100 mil casas adjudicadas del Infonavit las que se presume fueron vendidas bajo un proceso dudoso que dejó sin hogar a cientos de familias de Baja California, comenta Álvaro Zarate, presidente del Movimiento Social en Defensa del Patrimonio A.C.
Comenta Zarate que los casos son distintos, sin embargo, uno de los detonantes principales ha sido que a los afectados se les estaba obligando a dejar de lado cinco años de mensualidades, razón por la cual muchos dejaron sus casas, mismas que luego fueron vendidas y por ende reclaman se haga justicia.
‘La vivienda adjudicada se volvió una red de complicidades entre funcionarios de Infonavit, juzgados, inmobiliarias. Fueron cinco años o más de robo al pobre derechohabiente y ahorita esas viviendas deben alrededor de un millón de pesos, viviendas que no valen esa cantidad’.
"Lo más gravoso es las deudas que les quieren achacar a los habitantes de esas viviendas, hay mucha casa que está invadida por líderes, lo digo con conocimiento de causa, líderes que cobran 20 mil pesos, les hacen un contrato ficticio de arrendamiento y eso ha hecho que surjan una bola de pillos para enriquecerse de la necesidad de la gente", denuncia.
Muchos de los verdaderos propietarios de estas viviendas desconocen que sus propiedades siguen siendo rentadas luego que decidieron dejarlas por el elevado pago de la deuda de los mismas, lo que ha hecho que muchos, como menciona Zarate, se aprovechen de esta situación.
“Cuando empezaron a ver lo estados de cuenta se asustaron y los abogados o despachos de la cobranza del Infonavit siempre fueron muy incisivos, muy agresivos, la gente se asustaba, de hecho, con la venta de las casas que se adjudicó ilegalmente el Infonavit van y dicen: ‘quiero que te salgas porque voy a venir el día lunes con la policía y los cargadores’; la gente se atemoriza y se sale”, narró.
Lo que Movimiento Social en Defensa del Patrimonio busca es que se haga un estudio de cada caso y al mismo tiempo realizar un rescate hipotecario para darle certidumbre a los derechohabientes que se quedaron sin vivienda.