En este 2018, las aportaciones a las entidades federativascontarán con una jugosa bolsa de más de 740 mil millones de pesosque tendrá que ser muy vigilada por la autoridad para evitar quesean utilizados para un fin ilícito, sobre todo frente al intensoproceso electoral.
En este sentido, especialistas consideran que México deberedoblar los castigos para los funcionarios que incurran endesvíos de recursos, pues la inhabilitación para ocupar cargospúblicos resulta un “rasguño” para quien se llevó millonesde pesos del erario.
Kristobal Meléndez, especialista del Centro de InvestigaciónEconómica y Presupuestaria (CIEP), advierte que debido al perfilpropio de las aportaciones, en el sentido de que regularmente susrecursos son canalizados a la población en general para combatir,por ejemplo, la pobreza o mejorar la educación, son el rubro endonde regularmente ocurren desvíos de recursos en favor deempresas fantasmas o personas que no los necesitan.
Por ello, dijo que México debe fortalecer las sanciones a quienincurre en este tipo de actividades ilícitas, en donde, enfatizó,se obligue al responsable devolver los recursos, ya que se trata deun robo en contra de la riqueza pública.
“Se requiere primer un mayor castigo porque se hanidentificado este tipo de desvíos, pero no hay un castigo ejemplara todos los corruptos, el castigo principal ha sido el dedeshabilitar a la persona para asumir cargos públicos, en vez derecuperar primer el dinero porque es un recurso, es una pérdidapara el gobierno, para los beneficiarios, entonces primero se deberecuperar el dinero y aplicar más castigos ejemplares”,afirmó.
Las aportaciones federales son recursos que se entregan a lasentidades federativas para cumplir determinados objetivos enmateria de educación, salud, infraestructura educativa y social,seguridad pública, entre otros, establecidos en el capítulo V dela Ley de Coordinación Fiscal. A diferencia de lasparticipaciones, son recursos etiquetados para cierto fin. Lasparticipaciones los ejercen libremente los gobiernossubnacionales.
El especialista dijo que en este año las aportaciones percápita serán de cinco mil 400 millones de pesos.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicasde la Cámara de Diputados, de 2010 a 2018, las aportacionesfederales presentan un crecimiento promedio anual de 1.8 por cientoa tasa real. Para este año se aprobó una bolsa de más de 740 milmillones de pesos.
“Es un problema detransparencia y de corrupción que no tiene que ver con ladistribución de recursos, porque se destinan recursos de ciertosprogramas, pero se supone que esos recursos deben beneficiar a lapoblación en general, pero hay desvió de recursos y se beneficiaa ciertos grupos de personas que no es para el fin para el cual sedistribuyeron los recursos, como combatir la pobreza o mejorar lascondiciones en general”, comentó.
Por su parte, José Luis de la Cruz, presidente del Institutopara el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC),coincidió en la necesidad de fortalecer el marco legal paraproteger los recursos públicos y agregó la necesidad de emprenderuna reingeniería del gasto para mejorar su ejecución y alcanzarmejores resultados, sobre todo, ante la carencia recursos queenfrentará el erario en los próximos meses por los bajos ingresospetroleros y la caducidad de la reforma fiscal de 2014.
