En días pasados, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum pidió a las autoridades electorales que se ciñan a la Constitución en lugar de interpretar la ley. Esto implica que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben apegarse a lo señalado en el artículo 54, Fracción 5 de la Constitución, que establece que ningún partido puede tener una sobrerrepresentación mayor al 8%. En este caso, la sobrerrepresentación implica la disparidad entre el porcentaje de votos que ganó la coalición de Morena y el número de legisladores que les estarían asignando.
De no acatarse la ley, una sobrerrepresentación por parte de Morena en el Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados representaría una amenaza para un principio fundamental de nuestra democracia. Con una sobrerrepresentación, Morena tendría capacidad de imponer su voluntad, incluso hasta el punto de eliminar órganos autónomos y tomar decisiones unilaterales que impactarán a toda la nación.
Puntualicemos: la Constitución ha sido mal interpretada, ya que las restricciones se aplican a un partido, no a una coalición. Sin embargo, al revisar la primera parte del Artículo 54, Fracción V, se lee claramente que “ningún partido podrá acceder a los famosos plurinominales, que son 200, en la Cámara de Diputados, si no presentó un número equivalente de representación mayoritaria”. Esto implica que cada partido debe cumplir con ciertas condiciones para obtener representación plurinominal, y no se puede extender esta representación de manera desproporcionada a través de coaliciones.
La interpretación de las normas es una actividad constante y esencial, ya que conecta el mundo abstracto de las reglas con la realidad concreta. Nuestras leyes fueron dispuestas para garantizar que ningún partido por sí solo pueda decidir el rumbo del país sin un consenso adecuado. Una sobrerrepresentación viola, vulnera y violenta la voluntad popular.
El INE y el TEPJF deben ceñirse estrictamente a lo que establece la Constitución y evitar favorecer a la coalición oficialista con una sobrerrepresentación. Esta situación no solo implica un desequilibrio por sobrerrepresentación, sino también una cuestión de subrepresentación. En las últimas elecciones, el partido en el gobierno obtuvo el 54% de los votos, pero busca controlar el 75% de los curules. En contraste, la oposición que alcanzó el 40% de los votos, solo recibiría el 25% de los escaños en la Cámara de Diputados. Este desajuste entre el porcentaje de votos y la representación en el Congreso distorsiona la equidad democrática.
En conclusión, el respeto a la Constitución y la proporcionalidad en la representación son piedras angulares de nuestra democracia. Permitir que Morena y sus aliados logren una sobrerrepresentación desproporcionada no sólo compromete la equidad en la asignación de escaño, sino que también pone en riesgo la integridad del sistema democrático. El INE y el TEPJ tiene la responsabilidad crucial de actuar con imparcialidad y firmeza para asegurar que el proceso electoral sea justo y transparente. La confianza en nuestras instituciones y la estabilidad de nuestra democracia dependen de la aplicación estricta de la ley y de la defensa de los principios constitucionales.
