Las buenas noticias de los aguinaldos y de las celebraciones de fin de año terminaron muy pronto para las y los bajacalifornianos.
En contradicción abierta con la tan publicitada promesa de no aumentar impuestos, el Gobierno del Estado, en su propuesta de Ley de Ingresos para 2024, prevé un incremento del 236% al Impuesto Sobre Nómina, que pasaría del 1.80% actual al 4.25%.
El golpe a nuestro sector productivo, uno de los más dinámicos del país, será brutal. La ciudadanía también padecerá las consecuencias adversas de esta alza de impuestos ante el posible incremento de los precios de ciertos bienes y servicios y las dificultades para acceder a empleos formales bien remunerados.
La pandemia, gracias a la irresponsabilidad gubernamental, tuvo un severo impacto en las actividades productivas, además de que dejó en la sociedad una estela de dolor y muerte que se expandió a todo nuestro territorio, sin distinción alguna de personas.
En un contexto de incipiente recuperación de lo perdido durante la pandemia, en términos productivos se estará dando un auténtico robo en despoblado. Tanto en el Código Penal Federal como en el artículo 172 de nuestro Código Penal se tipifica el robo en despoblado. Nuestro Código prevé: “Al que en despoblado o en paraje solitario haga uso de la violencia sobre una o más personas con el propósito de causarles un mal, obtener un lucro o de exigir su asentimiento para cualquier fin y cualesquiera que sean los medios y el grado de violencia que se emplee e independientemente de cualquier hecho delictuoso que resulte cometido, se le sancionará con prisión de 3 a 10 años”.
¿Qué puede hacer la ciudadanía cuando es la misma autoridad, que debería velar por el bien común, la que lleva a cabo un acto de violencia política que le permite obtener un lucro adicional? La impotencia ciudadana ante este acto aberrante es pasmosa. Los efectos extractivos del alza al Impuesto Sobre Nómina serán devastadores para nuestra economía: El impuesto afectará negativamente a nuestras Mipymes e incentivará la informalidad, gracias al alto costo que conlleva ser parte de la economía formal, además de que se generará una competencia desleal hacia los comercios establecidos. También se comprometerá la indispensable generación de nuevos empleos e incluso podrían perderse empleos ya existentes, detonándose así la migración de empresas a otras entidades menos extractivas, restándonos competitividad y posibilidades de crecimiento futuras.
El afán recaudatorio del Gobierno del Estado sólo es comprensible en el contexto del año electoral por venir, como una forma más de desviar dineros públicos a campañas que nos siguen ofendiendo por la contaminación extraordinaria del espacio urbano, la contratación de costosos espectaculares y el pago de ejércitos electorales que todos los días están en nuestras calles, induciendo al voto. Estamos, una vez más, ante un despropósito gubernamental mayúsculo que en lugar de apoyar a la ciudadanía, se sirve con la cuchara grande para preparar lo que será 2024: Un ostentoso y oneroso despliegue de propaganda para concretar una elección de Estado.
