ALTO PODER

Si en este momento le pidieran recordar la última ocasión en que un diputado, senador o el gobernador de su Estado conversó con usted o le preguntó qué opinaba sobre ciertos temas o le consultó cuáles son las carencias de su distrito, alcaldía o entidad, ¿qué le respondería? La gran mayoría dirá que nunca.

Por años los cargos de elección popular solo sirvieron para reforzar al partido en el poder y a los intereses de un pequeño grupo; se dejó de escuchar a la ciudadanía, base de la democracia, y con obsequios se compró el voto popular. Discusiones como el aborto, la muerte asistida, el matrimonio homoparental, el consumo legal de la mariguana o la pena de muerte, son asuntos que bien podrían ser consultados a la ciudadanía, empero se debaten en el Congreso a puerta cerrada para no escuchar al pueblo.

Esa es una gran diferencia entre la democracia a secas y la democracia participativa.

Hay algunas reformas en materia de seguridad, de ingresos, egresos, militares o de bienes de la nación, que son competencia del Jefe del Ejecutivo en turno, de diputados o senadores. Eso no tiene por qué consultarse al electorado, porque el Presidente y el Congreso son rectores del Estado.

Tomando como ejemplo las consultas ciudadanas que ha convocado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, se puede afirmar que no todas tuvieron razón de ser. Por ejemplo, la del Tren Maya, del Istmo de Tehuantepec, del Nuevo Aeropuerto, sobre Constellation Brands y para la refinería de Dos Bocas fueron correctas porque se trató de obras, tanto públicas como privadas, que impactarían la región. Sin embargo, la consulta para enjuiciar a actores políticos del pasado (que no a expresidentes, como lo promovieron los de Morena y el mismo presidente López Obrador) no debió ocurrir, porque si hay pruebas contra cualquier persona, lo que corresponde es denunciar.

LA ULTRADERECHA RECHAZA LA OPINIÓN POPULAR

Ahora bien, una nueva consulta que ha comenzado a generar controversia es por la revocación de mandato (o referéndum) que el político tabasqueño ofreció realizar cada dos años, pero que sólo se hará una y será casi a la mitad de su gobierno.

Algunos políticos destacados de la ultraderecha ya comenzaron a alertar sobre este nuevo ejercicio. Por ejemplo, Margarita Zavala publicó en Twitter: “Siempre he estado en contra de la revocación de mandato. Parece una figura de democracia participativa, pero no lo es; tiene incentivos perversos y contrarios al bien común...”.

La diputada electa por el PAN, enumera que la consulta para revocación de mandato, no es un instrumento del ciudadano, sino del poder; debilita la posibilidad de tomar decisiones de Estado y favorece las decisiones demagógicas; favorece la polarización y no es una figura democrática sino plebiscitaria y que con la estabilidad del país no se juega.

Además, Luis Carlos Ugalde, exconsejero del extinto IFE, también se manifestó en contra de preguntar a los mexicanos si están o no de acuerdo con que AMLO siga en la Presidencia porque -asegura- la única intención es medir la popularidad presidencial y aumentar la confrontación entre ciudadanos.

Es posible que el último punto que menciona Ugalde sea cierto, porque los mexicanos están muy divididos por la figura presidencial, pero el resto de los señalamientos, junto con los de Margarita, no tienen razón de ser, pues es el momento justo de que los ciudadanos mantengan o corrijan su decisión expresada en las urnas.

Ugalde asegura que el 1 de julio de 2018 los ciudadanos votaron por un mandato de seis años, lo cual es cierto, pero también tienen derecho a que quienes lo rechazan, si es que son mayoría, expresen su opinión a mitad del mandato.