ESTRATEGIA$
Dos sucesos ocurridos hace unos días confirman que transformar a México requiere mucho más que la simple voluntad de un Presidente comprometido con la honestidad.
Me refiero, por un lado, a la aprobación de la iniciativa de reestructuración de la deuda del Estado por parte del Congreso local, acción que compromete para las próximas tres décadas recursos por un monto superior a los 70 mil millones de pesos y, por otro, al registro de candidatos para Gobernador por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE). Sobre la reestructuración de la deuda, otra vez los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) recurrieron al nefasto madruguete para autorizar aquello que la sociedad rechazó desde hace meses por considerarlo contrario al interés general. Nuestros “representantes” facultaron al Ejecutivo a seguir adelante con la planta desalinizadora de Playas de Rosarito, proyecto que implicará un costo mensual de 150 millones de pesos durante 37 años, lo que significará desembolsar 66.6 mil millones de pesos, siempre y cuando las cifras no varíen conforme avance el proyecto.
También dieron visto bueno a la controvertida obra del viaducto de dos pisos que conectará Playas de Tijuana con el aeropuerto de esa ciudad, lo cual representará mensualmente 25 millones de pesos durante 17 años, es decir 5.5 mil millones en total. Por otra parte, también autorizaron una reestructura de deuda por 12.5 mil millones de pesos. En lo que respecta a los registros de candidatos a la gubernatura, llama la atención que en dos instancias hay señalamientos de incumplimiento a los requisitos para competir. Tratándose del candidato del PRD, se argumenta que participó en el proceso interno de Morena por la Alcaldía de Tijuana al mismo tiempo que lo hizo en el Partido que lo postula a encabezar el Ejecutivo. Y en el caso del aspirante de Morena, van en sentido de incurrir en actos anticipados de campaña, de no cumplir cabalmente con los requisitos de nacionalidad y residencia, así como tener antecedentes penales. Como si en los 3.5 millones de habitantes que tiene el Estado no hubiera ciudadanos libres de acusaciones a su honradez. El recién desempeño de legisladores, así como los señalamientos en torno a los candidatos para gobernar al Estado, son clara muestra de la podredumbre que padece nuestro sistema político. También, que no se puede combatir la corrupción únicamente con buena voluntad y que es necesario ir a fondo para proponer cambios sistémicos que garanticen enderezar las cosas. Esta es la verdadera lucha que el país necesita. Está claro que los políticos trabajan bajo un código de honor propio de mafias. Rechazan cumplir con el Estado de Derecho, así como ajustarse a un estándar de moralidad. Y todo esto, por más exhortos que hacemos los ciudadanos para que actúen honradamente. ¿Hasta cuándo?