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En el reciente Informe Mundial de la Calidad del Aire para 2018, México destacó en la décima posición en cuanto a urbes con mala calidad de aire debido a su registro de partículas contaminantes.

Mexicali obtuvo el primer lugar con los mayores índices de contaminación en todo el país y la sexta posición por tener la peor calidad del aire en todo el continente.

Los niveles de polución que padece la capital estatal superan dos veces los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y esto explica, en parte, el número creciente de enfermedades respiratorias, alérgicas y cancerígenas que aqueja a gran parte de la población.

El costo que representa esta situación se desconoce, aunque conservadoramente puede decirse que asciende a más del 5% del PIB municipal. De acuerdo con estudios internacionales, el 16% de las muertes que ocurren anualmente en todo el mundo son consecuencia de la contaminación de aire, agua y tierra. Y estiman que el costo de dicha condición representa el 6.2% del PIB mundial.

Las autoridades han hecho poco -por no decir nada- para revertir la grave situación que se padece. Y si bien emitir ordenamientos que prohíben la entrega gratuita de bolsas y popotes de plástico desechables a los consumidores en supermercados, abarrotes y otros establecimientos, ayuda a resolver parte de la problemática, hay muchas otras cosas que pueden hacerse y con poco.

Una sería que las propias autoridades evitaran contribuir a la contaminación, sobre todo tratándose del impacto que ocasiona la obra pública. A manera de ejemplo, se observa que en las repavimentaciones de vialidades se utiliza maquinaria para retirar parte de la capa de pavimento existente, misma que después se repone con asfalto nuevo. Entre ambas acciones se emplean trascabos y barredoras para retirar material sobrante. Las veces que he presenciado este tipo de operaciones, observo que se levantan toneladas de polvo sin que se tomen medidas para evitarlo.

Los responsables de contratar las obras descritas deben dejar de ser omisos e incluir cláusulas que permitan exigir a las empresas no contaminar el ambiente, en este caso con material asfáltico cuyo daño a la salud se desconoce. Asimismo, cerciorarse que los trabajadores cuenten con caretas antipolvo, pues he visto a pocos protegerse con ellas. No está de más que las autoridades de Salud correspondientes revisen si se cumplen las disposiciones en materia de seguridad laboral.

Otro aspecto que debe revisarse es la logística de las obras. Así, programarlas para ejecutarse en días y horarios que menos afecten la circulación vehicular o las actividades propias de escuelas y centros de trabajo. Lamentablemente, se aprecia que quienes tienen esta responsabilidad actúan en favor de las empresas constructoras en vez de la comunidad y esto, a fin de cuentas, se traduce en mayor deterioro de nuestro ambiente.