PRISMA
“Nadie puede ir contra la Constitución de los Estados Unidos Mexicano. Sin embargo, será el Congreso del Estado el que analice la propuesta”.
Así respondió la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a preguntas de periodistas que le pidieron su opinión sobre la iniciativa presentada ante la Legislatura estatal para privatizar el Sistema Penitenciario del Estado.
Como es bien sabido, el diputado Sergio Moctezuma, ex secretario del Trabajo y Previsión Social de Jaime Bonilla, sugiere la participación del sector privado en la administración del sistema carcelario, para -según él- “hacerlo más eficiente y rentable”.
El documento propone además que el actual titular del Sistema Penitenciario de Baja California sea ratificado en su cargo en su calidad de organismo autónomo hasta el 30 de agosto de 2024. Por cierto, se trata de una persona con antecedentes poco recomendables, ya que se le vinculó con el escándalo de los “moches” al inicio del gobierno bonillista, relacionados con la contratación millonaria a largo plazo del suministro de alimentos a los internos.
Durante breve visita del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, abordó el tema y planteó: “Los centros penitenciarios deben ser manejados por el Estado, no por empresas privadas; el gobierno federal no va por la privatización, sino por una optimización de recursos y que se encargue de ellos”. Fue más allá y apuntó que actualmente se hace una revisión en algunos penales del país que fueron concesionados por gobiernos anteriores por los altos costos contratados con grave impacto en el erario público y la ineficiencia de los servicios de alimentación.
Así las cosas, como lo anticipó Marina, será la Legislatura estatal la que resuelva sobre la polémica iniciativa. ¿Estarán enterados nuestros diputados de los señalamientos hechos por el subsecretario Encinas y la futura gobernadora de Baja California? Veremos y comentaremos.
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