Después de que la pasada administración federal cortara los apoyos a las asociaciones civiles de apoyo al migrante, dizque porque iba a habilitar sus propios albergues, quienes más sufrieron de esta política han sido los propios migrantes, por lo que a duras penas pudieron salir adelante gracias a la solidaridad de la sociedad, no así del gobierno en turno. Y es que todo pinta al continuismo de una administración centralizada y muy selectiva a la hora de otorgar los apoyos. Uno de los albergues más castigados ha sido el que dirige ALTAGRACIA TAMAYO, ya que por la tarde del miércoles le cortaron la luz a la Posada del Migrante y ayer al comedor comunitario de Cobina.
Hay que recordar que al principio de la anterior administración se eliminó el fondo migrante, que era un recurso precisamente para apoyar a los estados a mitigar el fenómeno migrante, pero han sido los ayuntamientos los que han tenido que entrar al quite con sus escasos recursos ante la irresponsabilidad y la falta de sensibilidad del gobierno federal.
EL REGRESO
Luego de 10 días de ausencia por un presunto caso de violencia intrafamiliar, el diputado local por Morena por el Distrito XV, FIDEL MOGOLLÓN PÉREZ, se reintegró ayer a los trabajos del Congreso local. En una rueda de prensa ofrecida ayer en lo que parecía ser un restaurante, el legislador fundador de Morena, junto a su esposa, negaron que haya habido un episodio de violencia entre ellos y que solo se trata de un asunto de carácter político, ya que ha incomodado a algunos personajes dentro de su propio partido. Incluso, IRASEMA LABASTIDA, esposa del legislador, mencionó que diputadas la acosan por este mismo caso, por lo que pide un alto a esto y que los dejen en paz. Para ello, MOGOLLÓN manifestó que se separa temporalmente del grupo parlamentario de Morena, aunque ojo, no sale del partido. Y aunque se menciona que su suplente, KARLA PEDRÍN, que es la encargada de su módulo en Ensenada, ha solicitado su expulsión del partido, dice que no tiene nada en contra de ella, es más, va a tener que solicitar licencia de nuevo por cuestiones de salud, pues se tiene que someter a un cateterismo que lo mantendrá fuera de las actividades por lo menos unos 8 días, así que ella tendrá que suplirlo de nuevo.
Sea como sea e incomode a quien incomode, MOGOLLÓN PÉREZ no es un empleado, sino un representante popular electo por el pueblo que votó por él, así que no resultará tan fácil tratar de correrlo del Congreso local, además que tiene derecho a defenderse y hacer valer su presunción de inocencia.
Por si las dudas, dicen que el diputado se encuentra bien asesorado legalmente por un personaje con un par de cuernos y un largo y retorcido colmillo político, que tiene como dicho “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”.
EL ACUERDO
En torno al caso MOGOLLÓN, el diputado JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA consideró que existen muchas presunciones, datos y evidencias que le toca a la Fiscalía General del Estado investigar para aclarar la situación que involucra al aludido. “La misma Fiscalía ha dado declaraciones públicas, donde han señalado la existencia de audios y videos de la situación en la que se le involucra, pero ellos deberán de analizar y en su caso resolver penal o judicialmente”, señaló. MOLINA GARCÍA aclaró que el regreso de MOGOLLÓN PÉREZ fue aprobado en sesión ordinaria del Congreso estatal mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pero sin pertenecer a la bancada de Morena. Lo anterior, dijo, no significa que vaya a perder sus derechos y prerrogativas que marca la Ley Orgánica como diputado.
CEDH
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) informó que durante este año ha emitido 8 recomendaciones y estima que en total serían 14. El presidente de la Comisión, JORGE ÁLVARO OCHOA ORDUÑO, indicó que la octava recomendación fue para el gobierno de Mexicali y a la Fiscalía General del Estado tras el feminicidio de DARYELA VALDEZ. “La Fiscalía abrió en su momento dos carpetas de investigación a consecuencia de las denuncias presentadas por la joven; la FGE emitió medidas de protección para la víctima que consistían en rondines policiacos por 30 días, pero éstos sólo se realizaron durante seis días”. Además, precisó, “entre junio, julio y enero, periodo en que ocurrió el feminicidio, hubo varias llamadas de auxilio, pero no hubo ningún seguimiento ni actualizaciones dentro de las carpetas de investigación. ¿Qué lleva a pensar eso? Le fallamos a DARYELA como instituciones”, concluyó.
