PRISMA
Tal como se esperaba. Los primeros funcionarios públicos que rechazaron la propuesta de Andrés López Obrador de bajar los altos sueldos y prestaciones que inexplicablemente cobran los integrantes de la Suprema Corte de la Nación, en el marco de su programa de austeridad difundido recientemente, es prueba evidente de que algunos mexicanos somos reacios a los cambios, más cuando nos afectan el bolsillo.
Lo que son las cosas, en un país en donde -casi la mitad- de la población vive en la pobreza, resulta insultante que un grupo de servidores públicos reciban percepciones de tipo económico que los ubican como “una clase privilegiada”.
De acuerdo al organismo Inteligencia Pública, somos los mexicanos lo que pagamos tres veces más que los estadounidenses por contar con una Suprema Corte de Justicia de la Nación -nuestra máxima autoridad que resuelve los conflictos de mayor relevancia entre las personas y las autoridades-.
Así lo demuestran las siguientes cifras: Para el presente año, a la SCJN se le aprobó un presupuesto de 298 millones de dólares para pago de nómina de ministros, abogados, administrativos, asesores y el mantenimiento y operación, incluidas en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.
Vale acotar que el gasto señalado fue mayor en 2.67% al asignado en 2017, mismo que fue aprobado por la Cámara de Diputados.
En contraste, que invita a la reflexión, los recursos aprobados para el órgano de justicia de Estados Unidos para 2018 fueron solo de 94 millones de dólares, revela documento emitido por el Capitolio en respuesta a consulta de Organización Editorial Mexicana.
¿Cuál es la justificación para que estos influyentes servidores públicos ganen más dinero que el propio Presidente de la República? Versiones de algunos ministros que rechazan la reducción de salarios y prestaciones que incluyen chofer, secretaria, asesores, gastos médicos mayores, guaruras y otras que no recordamos, es que solo obteniendo dichos privilegios “pueden fortalecer a las instituciones que garanticen la paz y seguridad en el país”.
¿Qué le parece amigo lector? Esto puede interpretarse de la siguiente manera: Si no obtienen esos cuantiosos ingresos, dejarían de trabajar con eficiencia y prontitud, como lo exige la impartición de justicia.
De ser así, debemos aceptar que el costo de contar con una SCJN, cuyos integrantes viven en la opulencia por el dinero que les pagamos, es demasiado alto y bien merece -ahora sí- ser reconsiderado.
¿Logrará hacerlo el próximo Presidente de México? Veremos y comentaremos.
salgares4@gmail.com
