Fueron 359 diputados federales, 86 senadores y 637 diputados estatales, un total de 1,082 legisladores los que aprobaron la reforma judicial y ninguno se dio cuenta que venía con errores.
El problema no nada más es pensar en los millones de pesos tirados a la basura que nos están costando en sueldo esos más de mil legisladores, que se vuelven en miles de sueldos si también contamos a sus asesores que de nada sirvieron. El problema más grande es cuando cuestionan al presidente del Congreso sobre los errores, lo acepta y con la mano en la cintura dice con toda tranquilidad que lo van a “resolver pronto con otra reforma a la Constitución”.
Modificar la Constitución no debe tomarse a la ligera, entrevistaron hace unos días a algunos de los diputados que aprobaron la reforma y no sabían ni cuántos artículos a la Constitución habían modificado, mucho menos qué implicaba haberla aprobado. Algunas de sus respuestas fueron: “A nosotros sólo nos tocó aprobar la reforma, no nos tocó información precisa, sólo lo que vimos en redes sociales y a través del periodismo”, “no teníamos información porque no le entramos al fondo del asunto, sólo fue superficial”.
Esto es un claro ejemplo de uno de los principales problemas políticos que tenemos en México, que gran parte de los legisladores no se preocupan por siquiera leer lo que están votando, levantan la mano a lo que el partido les dice, votan en bloque, a ciegas y con cero conciencia de las consecuencias y lo hacen porque como saben que las personas estamos alejadas, no los vamos a cuestionar y no los vamos a castigar en próximas elecciones; no le temen a los resultados. Aasí que o las personas empezamos a exigirle a nuestros legisladores que nos informen, enseñen, pregunten y nos justifiquen sus votos o seguiremos teniendo servidores públicos que en vez de votar por el beneficio de las personas, voten por el beneficio de unos cuantos bolsillos y a conveniencia de sus partidos.
Y tenemos que exigirles ya, pues los diputados ya amenazaron con que antes de diciembre van a aprobar la desaparición de varios organismos autónomos, entre los organismos a eliminar están la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Hablando de la Cofece, gracias a ella existe sana competencia entre las empresas y primordialmente garantiza no monopolicen productos y por ende se nos den precios justos y se vaya incrementando la calidad de lo que consumimos y para enfrentarse a las empresas, necesita autonomía, de otra manera pasa lo que la historia ya ha marcado: A base de mordidas y de pagarle las campañas a los políticos podrán hacer lo que quieran y los perjudicados seremos los consumidores.
Y hablando del INAI, actualmente si un servidor público no nos quiere responder sobre qué hicieron con dinero público, podemos tener respuesta solicitándolo al INAI, porque es autónomo, si lo pasamos a manos de la Secretaría de la Función Pública como se pretende, pues el chiste se cuenta solo: Sería solicitarle respuesta a los mismos servidores que no nos quisieron responder.
