Un total de 543 mil 933 millones de pesos es lo que la Secretaría del Bienestar a nivel federal tiene de presupuesto para el 2024, o sea, lo que se puede gastar en este año.
Fuera de que si es mucho o poco, que es muy debatible, el problema no es la cantidad, sino el cómo se lo están gastando y resulta que desde su creación ocho de cada diez contratos han sido por adjudicación directa.
Expliquemos: El gobierno (y eso incluye a las Secretarías) necesita proveedores, necesita contratar empresas o personas para poder cumplir con sus objetivos y darnos ciertos servicios y en pocas palabras hay tres formas de elegir cómo contratar: Por licitación pública, por adjudicación directa o por invitación restringida, que se invita cuando menos a tres opciones.
La más transparente y por la que siempre tenemos que exigir que sea la manera de contratar es la de licitación pública. De hecho es la que marca la ley que debe de ser, excepto en situaciones muy específicas y es que se invita públicamente a varias empresas y públicamente se muestran quiénes participaron con el fin de que podamos hacer comparaciones y asegurarnos “las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”. Y aún así, se las ingenian para que sea la empresa que ellos quieren la que quede, pero mínimo de esta manera las personas tenemos la capacidad de involucrarnos y exponer si hay alguna irregularidad, también por eso la importancia de hacer nuestro trabajo de estar vigilantes y revisar.
Hablando de adjudicación directa, es darle el contrato a un proveedor sin competencia alguna y lo que ha marcado la historia cuando se entregan sin revisiones ni comparaciones, es porque fue un contrato para el compadre, otro para quien les ayudó en campaña y de paso, otro para un familiar y el problema no es tanto que sean cercanos, sino que no son la mejor opción.
Nada más de enero a junio de este año, la Secretaría del Bienestar ya había firmado 594 contratos, de los cuales 535, es decir el 97%, fueron por adjudicación directa. La competencia es la que genera mejor calidad y precio y no involucrarnos en exigir que se contrate por licitación pública y permitir lo menos posible la adjudicación directa nos lleva a corrupción, pero sobre todo a que nos entreguen obras, productos, servicios de tan mala calidad, que como muchos ejemplos puede terminar hasta en muerte.
La cantidad de contratos que entregan por adjudicación directa, cuando no es un tema de emergencia, es directamente proporcional al nivel de corrupción que existe en el gobierno y en este caso, es 9.7 de 10.
