A parte de lo oneroso que consideran que les resulta al pueblo, otro de los argumentos que esgrimen los fanáticos de la 4T para la aprobación de la reforma al Poder Judicial Federal, es que se acabará con la impunidad. Y es que el inquilino de Palacio Nacional se ha quejado de los reveses que le ha dado el PJF a sus iniciativas como la reforma eléctrica, así como la electoral, por lo que lo menos que ha dicho de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es que son conservadores. La ministra de la SCJN, LENIA BATRES GUADARRAMA, en su visita a Mexicali, señaló que son alrededor de 76 de estos reveses en contra del Ejecutivo en estos últimos 5 años. Y como no, como se dice vulgarmente, si los diputados de Morena legislan con las patas, pues es lógico que eso es lo que iba a suceder. Pero no todo es culpa de los legisladores de Morena del mal proceso legislativo, sino que ellos solo han obedecido órdenes de Palacio Nacional, que es de donde han salido los presupuestos a las leyes de egresos, ingresos, decretos e iniciativas, ya que les ordenan que no le muevan ni una sola coma, por lo que prácticamente estos 3 años se la pasaron becados. Pero en la reforma al PJF, que uno de sus propósitos es la de acabar con la impunidad, nunca se menciona a la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de ALEJANDRO GERTZ MANERO. Y es que se supone que la FGR es autónoma, pero no hemos escuchado que rinda cuentas sobre su actuar. Se menciona además que desde la entrada de este siniestro personaje a la FGR, hizo un corredero de ministerios públicos, entraron otros nuevos sin experiencia, además que no se encuentran bien equipados. Es así que las labores e investigación, son casi nulas, dicen algunos jueces, solo se quedan en las detenciones en flagrancia y con estas hay muchos problemas. Resulta ser que no debería de haber problemas con los policías municipales y los de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, a la hora de las detenciones, ya que se supone que están debidamente capacitados para estas labores, es su trabajo. Estos tienen que justificar la detención y defenderla ante un juez a la hora de los procesos judiciales, sin embargo, hay casos que estos faltan a la hora de explicar los detalles, por lo que al no aportar una prueba suficientemente fuerte que justifique que esa persona está relacionada con un hecho delictivo, lo tienen que soltar. El problema se agrava cuando se trata del Ejército y la Marina cuando hacen las detenciones. Hay que recordar que estas corporaciones castrenses están para defender a la patria, no para hacer labores policiacias, sin embargo, las hacen desde hace casi 20 años. A la hora de las detenciones, los elementos castrenses pierden muchos detalles, y no pueden justificar la detención, o bien, son trasladados a otros estados cuando hay procesos abiertos y no van a declarar. Así es que se tienen que dejar libres a presuntos delincuentes, para que sigan haciendo lo que saben hacer, cometer delitos. Es fácil irse contra los jueves y magistrados, que por lo regular se consideran por los demás como seres oscuros que prefieren el anonimato, y que no salen a la luz, no son políticos como para tratar de caer bien a todo mundo, simplemente trabajan con las leyes que les da el Legislativo, así como con las pruebas que les da el ministerio público. Así que si se quiere acabar con la impunidad en este país, también debería pensarse en la reforma a la FGR, que no la tocan ni con la mínima crítica, y que su labor es fundamental para que los delincuentes vayan a la cárcel.
SIN MÁS RECURSOS
A las actuales reglas del Fidem no se tiene proyectado algún cambio para canalizar mayores recursos a temas relacionados al fortalecimiento a la educación, pues este rubro ya está contemplado, dijo Michelle Guerrero Jaimes, subsecretaría de Fomento Económico de la Secretaría de Economía e Innovación (SEI) de Baja California. Señaló que un mayor recurso a educación dependerá de las propuestas que presente el Consejo de Desarrollo Económico (CDT) de cada municipio, organismos que fungen como intermediarios. María del Pilar Avila Almeda, gobernadora de Baja California, declaró recientemente que buscarían que los recursos del Fideicomiso Empresarial (Fidem), tengan un mayor destino a temas relacionados con la educación. El Fidem es el 5% de impuesto estatal cobrado a las empresas sobre las remuneraciones al personal empleado o impuesto al trabajo, en promedio 300 millones de pesos al año, para que sea invertido en te mas para fortalecimiento de empresas, promoción para la inversión y proyectos estratégicos. “La gobernadora dijo que tendría algún encuentro y una plática con los empresarios, actualmente no hay nada, no hay ninguna propuesta formal, ni hay ningún cambio al Fidem”, indicó Guerrero Jaimes. Dijo que en el rubro de proyectos estratégicos, que abarca el apoyo de recursos al fortalecimiento a la educación, así como a seguridad y salud, dependerá que los proyectos presentados de la iniciativa privada estén relacionados a programas educativos.
