ALTO PODER
Desde hace décadas los gobernantes de América se han dedicado más a enriquecerse que a sacar a sus países del Tercer Mundo de la miseria y la ignorancia en que han vivido desde su origen como naciones independizadas de colonizadores que los sometieron.
La fiebre del oro parece haber deslumbrado a Presidentes y miembros de los gabinetes de gobierno de todo el Continente Americano. Es muy raro ver casos como el de José Mujica (2010-2015), expresidente de Uruguay, quien después de dejar el cargo aún viaja en su viejo Volkswagen 1987 por las calles de Montevideo y recorre el mundo contando cómo fue gobernar con austeridad y decencia, cualidades que poco se encuentran en los actuales gobernantes del continente.
Es poco común que un Presidente deje el cargo y continúe viviendo entre el pueblo que gobernó, porque si se atreve a salir a la calle corre el riesgo de ser confrontado por cualquier ciudadano por sus malas decisiones y entonces tenga que salir huyendo, como le ha ocurrido en repetidas ocasiones a Vicente Fox y Felipe Calderón, porque Enrique Peña Nieto está aislado en España.
Un caso más reciente de sencillez podría ser el de Barack Obama, quien supo mantener el respeto de los estadounidenses que decidieron irse por la locura de Donald Trump en lugar de mantener a los demócratas en la Casa Blanca.
En México, Andrés Manuel López Obrador comenzó a propagar por el país la idea de que ningún funcionario debe estar absuelto de comparecer ante el Ministerio Público o cualquier autoridad que lo requiera, lo cual ubicaría en un mismo plano al ciudadano y sus gobernantes. Sin embargo, un sector de la clase política, adinerada y empoderada, se niega a dejar el fuero que lo protege mientras delinque. Pero el pueblo aplaude e impulsa la propuesta.
La Constitución señala que las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional deberán ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: Uno, el Presidente de la República; dos, el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras o, tres, por los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Aunque el Presidente de la República se había mantenido al margen, esta semana aceptó que en caso de que las firmas no sean recolectadas a tiempo ni el Congreso se ponga de acuerdo, él mismo propondrá la consulta ciudadana para enjuiciar a sus antecesores.
De momento ya hay grupos de ciudadanos optimistas en recolectar antes del 15 de septiembre un millón 600 mil firmas que se requieren para que el Congreso la apruebe y envíe a la Corte para ser discutida por los ministros.
