No le preguntaron a nadie, tampoco consultaron con nadie, simplemente dijeron ahí les va y se va a firmar el lunes. Se trata del Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que suena muy rimbombante, pero para las necesidades que tiene el país apenas es una pequeña panacea. Y es que, por ejemplo, el plan habla de recuperar algo así como 3 mil millones de metros cúbicos (mm3) de agua para todo el país, es decir, tan sólo por el Tratado binacional de aguas, el Valle de Mexicali tiene una cuota de 1 mil 850 mm3, es decir, se pretende recuperar apenas lo equivalente a un año medio de lo que recibe México a través del Río Colorado. También se habla de una inversión superior a los 36 mil millones de pesos (mdp) para la modernización de riegos agrícolas en 200 mil hectáreas de cultivo, lo que es una superficie similar al Distrito de Riego 014, que incluye a los valles de Mexicali y de San Luis Río Colorado, Sonora. O bien, a todo el Valle Imperial. Para un país como México eso es nada. Sobre este punto, los agricultores tienen temor de que con la tecnificación de los riegos (si es que ésta se hace realidad), el agua que ahorren tendrían que enviarla a las ciudades, por lo que esto no representaría un beneficio directo hacia ellos. Y es que en su diagnóstico, el plan señala que en México existen 35 millones de personas que no tienen disponibilidad en calidad y cantidad suficiente, cosa que se pudo haber arreglado el sexenio anterior, pero simplemente no se hizo.
DISONANCIA INTERNA
Más que incómoda se percibió a la dirigente estatal del PRI en Baja California, GUADALUPE GUTIÉRREZ FREGOSO, cuando habló acerca de las recientes aprobaciones de leyes de ingreso en los Ayuntamientos de Ensenada, Mexicali y Tecate, ya que en el último de éstos comentó que la regidora representante del partido tricolor, CLAUDIA COTA, votó a favor de la propuesta de ley de ingresos presentada por el alcalde ROMÁN COTA. Esto a pesar de que dicha Ley de Ingresos contempla aumentos significativos en el cobro del impuesto predial de algunas colonias y la creación de un nuevo impuesto a la recolección de basura. GUTIÉRREZ FREGOSO aseveró que dicha votación va en contra de los ideales del PRI, por lo que le pidió un informe detallado que justifique el sentido de su voto, motivo por el cual la edil le aseguró que viajaría a Mexicali exclusivamente para tratar con ella dicho tema. En ese sentido, mencionó que dependerá de esa respuesta la medida que el partido tomará, ya que podrían incluso pedir su expulsión del PRI.
En el caso de Mexicali, la edil LUCINA SÁNCHEZ votó en abstención de la Ley de Ingresos que contempla un aumento al impuesto del alumbrado público, lo que aunque no es un voto aprobatorio, también es verdad que simplemente pudo rechazar la propuesta. Independientemente de si votan en contra o en abstención, la realidad es que actualmente los votos del PRI en los cabildos y en el Congreso local no sirven de nada.
BUENA FE
Sobre los autos “chocolate” que son retenidos en Estados Unidos, la gobernadora MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA afirmó que la documentación de éstos es recibida por el gobierno estatal “de buena fe”. “No somos una autoridad investigadora sobre la procedencia de esos documentos. Nosotros partimos de la buena fe cuando llegan a hacer su procedimiento de regularización por el decreto federal”, enfatizó la mandataria.
Hace unos días, ADOLFO AYALA BEJARANO, vicepresidente de la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana y ALEJANDRO ROBLES SEGURA, administrador de la Aduana de Tijuana, indicaron que en el cruce internacional están siendo decomisados autos regularizados con ese decreto porque ingresaron al país después del 19 de octubre de 2021. El decreto, publicado en enero de 2022 y vigente hasta septiembre del 2026, señala que solamente podrán ser regularizados los automóviles que ingresaron al país antes del 19 de octubre de 2021. Al respecto, la gobernadora justificó que la documentación sobre los vehículos “chocolate” que entregaron los ciudadanos dice que la fecha de ingreso cumple con los requisitos. “Como se está cumpliendo con el decreto nosotros partimos de la buena fe, si nos están entregando el documento creemos en el documento”, reiteró. Además, consideró que los vehículos que ingresaron fuera de tiempo y están siendo decomisados por la Aduana son “casos muy particulares”. Hasta finales de septiembre, la regularización ha dejado 950 millones de pesos en Baja California.