Ayotzinapa: ¡Fue el Estado!
Por primera vez en la historia del caso Ayotzinapa, el Estado Mexicano reconoce explícita, jurídica y públicamente que se utilizó toda su fuerza y capacidad operativa mediante la participación de la Policía en sus 3 niveles y del Ejército Mexicano para la desaparición forzada de los 43 normalistas, además de que las instituciones encargadas de procurar justicia actuaron deliberadamente para borrar y sembrar evidencias con el fin de ocultar la verdad de los hechos.
El anterior párrafo parece digno de una historia de una dictadura perfecta, que nos debería de erizar los vellos de la piel y encender las neuronas para buscar la forma de que los actuales políticos ni siquiera se atrevieran a pensar que esto se pueda repetir.
Nuestra endeble democracia ha quedado reducida a cenizas con el informe preliminar, que lamentablemente se queda corto en la búsqueda de la verdad, de un castigo ejemplar y del resarcimiento del daño a las víctimas y familiares. ¡Sí nos horroriza saber la verdad de forma parcial!, pero imaginemos: ¿La verdad completa? Una verdad que seguimos esperando desde hace 8 años y que aún no llega. El caso Ayotzinapa debe ser el emblema de una urgente reforma democrática.
En definitiva no podemos aspirar a seguir llamándonos una nación con crímenes de Estado. Es inconcebible que votemos por los que ordenan desaparecer a su pueblo usando al erario obtenido del mismo pueblo para obstaculizar la justicia y, también hay que decirlo, se escudan en la burocracia para fomentar el olvido y minimización de un crimen de Estado para no llegar al castigo de los culpables.
El reconocimiento del caso de los 43 normalistas como un crimen de Estado no es el inicio de la cicatriz, es el recordamiento que seguimos respirando por la herida. Es un tema que no se cierra con el encarcelamiento del fiscal de la extinta procuraduría, sino que hace visible la gran interrogante que jamás nos han resuelto jurídicamente: ¿Qué motivó el espíritu genocida del Estado Mexicano? Es evidente que no fue un asunto que se salió de control de los mandos policíacos, porque hoy más que nunca queda demostrado que el Estado tuvo el tiempo, conocimiento de los hechos y, por ende, oportunidad de haber evitado la tragedia en su momento, pero en vez de parar prosiguió obstaculizando y aún prosigue sin hacer justicia.
La incertidumbre del caso está presente, no se sabe si quién ordenó la desaparición pise la cárcel. Más triste aún es saber que tal vez nunca sepamos quién dio la orden o qué lo motivó a hacerlo. Pero mientras la verdad del caso no sea develada hasta sus últimas consecuencias, nuestra patria seguirá manchada y nuestra democracia cuestionada.