Gustavo de Hoyos Walther

En un video que circula en redes sociales se puede apreciar al ministro Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena explicando a los presentes - en un acto celebrado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard - cuáles son los requisitos para ser elegido juez o magistrado en México.

Al escuchar su alocución, varios de los presentes no pudieron evitar reírse fuertemente. El ministro se refirió en particular al requisito de calificación mínima de 8 en la carrera de Derecho y a que se deben presentar cinco cartas de recomendación de vecinos.

Más allá de que efectivamente estos requisitos parecen ridículos, destaca el hecho de que fuera de nuestras fronteras se está poniendo en cuestión una reforma cuyo apego a la Constitución de la República está todavía por verse.

El episodio en Harvard es importante porque deja patente que la reforma judicial no sólo podría estar violando el marco legal mexicano, sino también la doctrina jurídica liberal prevaleciente en el mundo civilizado. La afrenta es contra siglos de desarrollo de la teoría del Derecho liberal que incluso se remonta al Derecho romano.

Varios apologistas del régimen - y esa parece ser también la opinión de la Presidenta - han llegado al extremo de decir que le corresponde a lo que ellos llaman "el poder constituyente" - se refieren al Congreso de la Unión - decidir sobre la constitucionalidad de una ley o de una reforma constitucional.

Desde luego que esta interpretación lanza por la borda la teoría y práctica de la división de poderes. Bajo la idea republicana y liberal, el Poder Legislativo no puede tener la potestad al mismo tiempo de aprobar leyes y de dictaminar su carácter constitucional. Hacer eso lo pondría en una situación de juez y parte otorgándole, por tanto, poderes ilimitados. Recordemos que es contra esta posibilidad de que una parte del poder se adjudique atribuciones que no le corresponden, por lo que las constituciones liberales han dispuesto dividir la soberanía en diversas ramas.

Si los diputados y senadores del oficialismo pretenden arrogarse funciones de carácter judicial, la Presidenta piensa que puede desacatar una orden judicial. Esto es en extremo peligroso, pues no sólo se intenta colocar por encima de la ley, sino que envía un mensaje ominoso a muchos de sus conciudadanos. Si ella - que debe ser la primera en acatar disposiciones jurídicas- no lo hace, entonces se abre la posibilidad de que nadie lo haga.

Entraríamos, así, a un camino largo y sinuoso hacia un país sin leyes ni orden, en donde el más fuerte dicta qué hacer de acuerdo a su voluntad. Se trataría de ingresar a una senda hacia la barbarie y la tiranía. Palabras graves, es cierto. Pero no ausentes de pertinencia, dado el discurso y la acción oficialista.

Las risas desplegadas en Harvard deberían ser tomadas en serio por quienes no entienden la índole de nuestro sistema constitucional.