Hace unas semanas, 154 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), asignados a la zona sur del Valle de Mexicali, fueron desarmados y encerrados en el Centro de Control y Confianza (C3) para realizarles exámenes. Ahí estuvieron cerca de 30 horas, tras un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado (FGE) que encabeza MARÍA ELENA ANDRADE RAMÍREZ y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a cargo del general LEOPOLDO TIZOC AGUILAR DURÁN. No están muy claros los motivos exactos por los cuales los policías municipales fueron desarmados y enviados al C3, pero al parecer les regresaron sus armas de cargo y ya están trabajando en la ciudad. Sin embargo, el proceso de desarme y la cadena de custodia es lo que genera una gran duda. Dicen que en lugar de que los agentes entregaran sus armas de cargo al resguardo de la subcomandancia de la DSPM de Ciudad Guadalupe Victoria (Kilómetro 43), lo hicieron ante un oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien las envió al cuartel militar de la Calle 11. No se sabe si la FGE, o alguna otra autoridad, aparte de la Sedena, participó en el traslado de las armas, por lo que la cadena de custodia quedó vulnerable, ya que del Kilómetro 43 al cuartel militar hay alrededor de 65 kilómetros y una hora de viaje, tiempo en el que pueden pasar muchas cosas. Por el momento, no se conoce el resultado de las pruebas que le han hecho a las armas, ni los resultados de los exámenes del C3. También se ignora el motivo real por el cual se desarmó a los policías, y las razones del operativo que posiblemente truncó la continuidad del anterior titular de la DSPM en el XXV Ayuntamiento de Mexicali.
ISSSTECALI
Quienes andan muy asustados son los trabajadores de la burocracia estatal y municipal de Baja California. El viernes se realizó una sesión extraordinaria en el Congreso local, en la cual, muchos pensaron que se iba a votar la reforma a la Ley del Issstecali. Hay que recordar que esta institución de salud atiende a los trabajadores de los municipios y los poderes del estado. Hace algunos años, el Issstecali contaba un excelente prestigio en la atención de la salud, sin embargo, al paso de los años, ese prestigio ha caído por los suelos; además, hubo gobiernos municipales como el de Tecate y el de Ensenada, que en su momento, de plano no pagaban las cuotas y el mini ex gobernador de triste recuerdo, JAIME BONILLA VALDEZ, pretendía condonarles esas deudas ya que los hoy ex alcaldes, le eran de plano, muy serviles. Situaciones como las de este tipo provocaron que el déficit de la institución de salud se incrementara y decayera el servicio. Hoy está en juego la pensión dinámica al que tienen derecho los trabajadores burócratas, por lo que en realidad, a lo que le tiene miedo, es a que se encuentren en la situación de cualquier trabajador de a pie, que trabaje en una empresa de la iniciativa privada. Pero, primero habrá que ver en qué términos viene la iniciativa de reforma para saber de qué se está hablando.
TAXIS
En septiembre, la Liga de Choferes de Mexicali presentó oficialmente ante el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) una solicitud para analizar un incremento a la tarifa de taxi, que actualmente es de 15 pesos, confirmó la delegada del Instituto a nivel municipal, ALEJANDRA BORBOA ROSAS. Esa petición fue presentada tras una reunión del IMOS con los taxistas, a raíz de las quejas de usuarios a quienes les intentaron cobrar una tarifa más alta de la autorizada. Según la delegada, en esa reunión los choferes expresaron la necesidad de un incremento de tarifa y al día siguiente entregaron la solicitud por escrito para la realización de mesas de trabajo sobre un posible aumento, aunque sin ningún análisis o datos de costos. “No hay ningún incremento, si hay una solicitud por parte de los sindicatos para un aumento de tarifa, pero no se han iniciado ni las mesas de trabajo ni los diálogos; fue un documento que se presentó por parte de ellos sin ningún estudio que lo avale”, aclaró la delegada. Las quejas de ciudadanos por un presunto incremento no oficial a la tarifa de taxis se presentaron sobre todo en septiembre, por lo que inspectores de la dependencia acudieron a buscar las unidades señaladas para revisar la situación. Al momento de localizar esas unidades, los pasajeros negaron que se les intentara cobrar una tarifa diferente a la autorizada, por lo cual no se han aplicado multas por este concepto, aunque en días anteriores el titular del Instituto, JORGE ALBERTO GUTIÉRREZ TOPETE, había confirmado que sí. De acuerdo a datos del propio IMOS, la multa por alterar la tarifa autorizada es de 35 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a 3 mil 800 pesos. “Hubo una semana en que nos llegaron alrededor de seis quejas argumentando que la ruta Portales estaba aumentando la tarifa; entonces se procede por parte de Inspección a revisar esto, pero en el momento del contacto, que se le pregunta al usuario, no nos decían de ese aumento”, aclaró.
