Prisma

Aquellas personas que ponen en tela de duda el cumplimiento de las promesas que hizo durante sus campañas electorales Andrés Manuel López Obrador -virtual Presidente Electo-, deben saber que sus afanes de lucha contra la corrupción en el servicio público, la eliminación de privilegios, castigo a los funcionarios corruptos, austeridad en el gasto público, están en plena vigencia, según lo demuestra la serie de reformas e iniciativas (12) difundidas antier en la Ciudad de México.

El político tabasqueño informó en conferencia de prensa -con la asistencia de los legisladores que formarán las bancadas de Morena en las Cámaras de Diputados y Senadores, pidiéndoles las impulsen desde el Congreso de la Unión, de manera particular las relativas al combate a la corrupción y a su programa de austeridad, que contempla ajustes de la estructura administrativa del Gobierno federal, así como la fusión de áreas, la eliminación de subsecretarías, direcciones y delegaciones en los Estados.

Ningún trabajador de base o sindicalizado será despedido. Los ajustes de personal solo se darán en los funcionarios considerados como “de confianza”.

Entre las reformas propuestas por AMLO destaca la creación de la Ley Reglamentaria para aplicar el artículo 127 constitucional que con toda claridad establece: Ningún funcionario podrá cobrar sueldo mayor al que percibe el Presidente de la República. Por cierto, el líder máximo de Morena reiteró ante medios que solo cobrará la mitad del salario que cobra el presidente Peña Nieto.

Otra de las propuestas que podría interesar de manera especial a los bajacalifornianos es la número 11 que propone revisión y posible reforma para aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza.

Elaborar proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios, que incluye modificación del artículo 108 de la Constitución, para que el Presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Se trata de suspender por completo fueros y privilegios de funcionarios públicos. Es la número 3 de las doce propuestas de reformas, calificada de relevante.

La número 4 se refiere a las reformas a las

leyes para que se considere como delito grave sin derecho a fianza la corrupción en todas sus modalidades, como el robo de combustibles y fraudes electorales, con el fin de acabar con la impunidad que hoy disfrutan servidores públicos corruptos.

Propone también López Obrador la realización de una consulta popular en torno a la revocación de mandato y candados a todos los procedimientos que tengan carácter vinculatorio para eliminar del sector gubernamental a los malos servidores públicos.

No cabe duda, pues, que “el Peje” sí cumplirá sus compromisos.