ESTRATEGIA$
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) giró un memorando el pasado 16 de abril a los titulares de Educación Pública, Gobernación y Hacienda y Crédito Público, en el que comunicó diversos lineamientos y directivas.
En éstos incluyó una instrucción con lo siguiente: “… Dejar sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”. El ordenamiento ha sido motivo de diversos pronunciamientos. Algunos a favor y otros en contra. Los primeros aduciendo que está en sus facultades dar esas instrucciones, a la vez que es obligación de todo gobernante priorizar la justicia. Añaden que el Presidente utiliza una nueva forma de hacer política en aras de abrogar una ley contraria al interés general. Y que el memorando no contiene nada ilegal, pues “…no se trata de un decreto, sino de un recordatorio interno sobre la orientación política del Ejecutivo en el tema”.
Los críticos, por su parte, reclaman que la instrucción de dejar sin efecto las medidas para dar cumplimiento a la reforma son contrarias a Derecho. Indican que el Presidente comete una transgresión a la protesta de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen” contenida en la Carta Magna. Viola el principio de la división de poderes “...al desvirtuar de facto el contenido de las disposiciones constitucionales en materia educativa…”, arrogándose con ello facultades extraordinarias que corresponden al Legislativo.
Asimismo, desacata la obligación de ejecutar las leyes que expida el Congreso y que los funcionarios que sigan las instrucciones pueden hacerse acreedores a responsabilidades administrativas e incluso penales. Ante la ola de críticas, AMLO dijo que quienes consideren que cometió una ilegalidad pueden denunciar o ampararse ante las instancias correspondientes. Al respecto, quiero pensar que estaba convencido cuando dijo: “No es sólo un asunto legal, es un asunto político; no es ni una iniciativa de ley, ni un decreto, ni un acuerdo, es un memorándum para propósitos internos, como he dado a conocer otros memorándum [sic]”. En mi opinión, la razón obliga a AMLO a aceptar que cometió un error.
En consecuencia, procede cancelar la instrucción previa, pues como bien dice la frase célebre: “Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios”. También para ser congruente con lo que sostiene: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Es indudable que la polémica impulsa la necesidad de revisar la reforma educativa. Un éxito político. No obstante, si el Presidente no rectifica y espera a que el asunto se resuelva en tribunales, perderá la confianza de muchos de quienes lo apoyaron con su voto. Ser honesto implica estar comprometido con la verdad. Quien transgrede la ley o impulsa a otros a hacerlo, viola este principio y se pasa al lado de los corruptos. Ojalá AMLO vea la trascendencia de hacer lo justo antes que el Poder Judicial se lo demande.
