Con 19 votos a favor y cinco en contra, el Congreso de Baja California aprobó la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Esa reforma destaca que cuando en la Guardia Nacional no haya una figura de carrera, la designación del mando recaerá en un general de división del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.
El Dictamen
El dictamen, que fue presentado por el diputado Juan Manuel Molina García, señala que los elementos del Ejército que ya son parte de la Guardia Nacional, permanecen con sus rangos y niveles de carrera.
El diputado Diego Echevarría puntualizó que actualmente el 70% de los miembros de la Guardia son militares y su adscripción a Sedena es una militarización de los cuerpos federales.
El dictamen también señala que se elimina la Policía Federal, que sus miembros pasan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y los recursos a la Sedena.
Régimen autoritario
La diputada Alejandrina Corral Quintero comentó que la reforma es un régimen autoritario.
“Esto es un debate entre conservadores y progresistas” , dijo el diputado Diego Lara Arregui.
“El único estado de fuerza en el país para combatir al crimen organizado es el Ejército”, afirmó el diputado Jorge Ramos Hernández.
La fuerza de operación recae en la Guardia Nacional, no en quien define la estrategia de seguridad pública, por ello, no se militariza la seguridad en México, explicó.
“No ha funcionado la estrategia de seguridad”, reclamó la diputada Daylin García Ruvalcaba.
Agregó que el plan no tiene ni pies, ni cabeza y que la reforma es reconocer que no saben como corregir la estrategia de seguridad y por eso se lo entregan a la Sedena.
La Reforma
Entre los artículos reformados a la Constitución se encuentra el 21 que señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
La reforma señala que entre las funciones del Presidente de México, se encuentra el nombrar y aprobar en el Senado a los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con arreglo a las leyes.
Otra función aprobada es que el Presidente debe preservar la seguridad nacional, y puede disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación; y disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de Apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley.
La persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar el grado de general de división de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.
En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un general de división del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.
El Estado proporcionará a los miembros en activo del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, las prestaciones a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.
Con la aprobación del dictamen por mayoría constitucional de las entidades, se contará después con 180 días para que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del decreto.
También se aprobó que el personal militar y naval que integra la Guardia Nacional, será reclasificado de la Fuerza Armada a la que pertenezca, a la Guardia Nacional.
La reforma les garantiza preservar su antigüedad y grado previamente adquirido conforme a la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea, adicionando su nueva especialidad y se debe respetarse en todo momento los derechos que posea el interesado en la Fuerza Armada de su origen.
Baja California se convirtió en la tercera entidad a nivel nacional en aprobar esta reforma.
